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Recomiendan aceptar rechazo a proyecto que reglamenta objeción de conciencia al SMO

Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Las Fuerzas Armadas convocan a la clase 2003 para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio (SMO).
Archivo, ABC Color

En su reunión ordinaria, la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central) dio trámite al proyecto de ley que reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia del Servicio Militar Obligatorio (SMO). Por unanimidad, el estamento recomendó aceptar el rechazo proveniente de la Cámara de Senadores al planteo.

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Inicialmente, la Cámara de Diputados había aprobado dicho proyecto “que modifica los artículos 20 y 21 de la Ley N° 4.013/2010, que reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio (SMO), y establece un servicio sustituto al mismo en beneficio de la población civil”.

El texto pretende aplicar una multa de cinco jornales mínimos para quienes no cumplieron con el servicio militar obligatorio, y además no cuenten con el carné de objeción de conciencia.

Lea: Diputado defiende proyecto para multar a objetores de conciencia

Según explicaron los impulsores de la normativa, en la práctica, los jóvenes no cumplen el servicio militar, y tampoco las obligaciones estipuladas para la objeción de conciencia. Añadieron que ni siquiera se presentan para tramitar el certificado de insolvencia.

La idea es establecer reglas que contribuyan a que los jóvenes sean conscientes de que la democracia “implica asumir derechos y contar con obligaciones con ellos mismos, la sociedad y la patria”, dicen los proyectistas.

Lea más: Diputados aprueba proyecto que declara la “muerte civil” a objetores al SMO

Lo que plantea la propuesta

La propuesta incluye, en el artículo 20, un apartado donde se obliga a todos los varones de 18 años de edad a contar, indistintamente, o con un carné o certificación de cumplimiento de la objeción de conciencia; constancia de pago de la contribución establecida en la ley; certificación de insolvencia o constancia de exoneración del pago por insolvencia, para la realización de determinados trámites públicos.

Quienes no posean un carné, constancia de pago o una certificación de insolvencia, no podrán realizar trámites referentes como la obtención y renovación de pasaportes. Además, no estarán habilitados para acceder a becas del Estado, ni a concursar para el acceso a la función pública, según el proyecto.

En cuanto al rechazo de la Cámara de Senadores, se argumentó que la propuesta “atenta contra varios artículos constitucionales y leyes vigentes”.

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