Juez basó aberrante fallo en cuestiones inexistentes

El juez Wilfrido Peralta basó el aberrante fallo contra la libertad de prensa y el acceso a la información en cuestiones que ni siquiera fueron mencionadas en las publicaciones de ABC Color. El magistrado citó críticas que no existieron en las notas periodísticas.

Wilfrido Peralta
El juez Wilfrido Peralta basó el aberrante fallo contra la libertad en cuestiones que nunca fueron mencionadasMarta Escurra

Wilfrido Peralta basó su aberrante fallo contra derechos garantizados en la Constitución en cuestiones que nunca fueron siquiera mencionadas en las publicaciones de ABC Color que provocaron la querella de la exviceministra cartista de Tributación, Marta González Ayala, contra Natalia Zuccolillo y Juan Carlos Lezcano, directora y periodista este medio.

“Ilegalidad” de la que ni siquiera se habló

Al momento de comunicar su decisión, el magistrado Peralta señaló, como punto supuestamente publicado o criticado en las publicaciones realizadas por nuestro compañero, la legalidad del monto pagado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para la actualización del Sistema de Gestión Tributaria “Marangatu”.

“Se ha hecho así, tenemos las documentaciones relacionadas a la adenda, a la cuestión de costo, que finalmente mirando mucho en las documentaciones no he encontrado de que haya algún documento que refiera que el costo realizado esté fuera de lugar, o que no corresponda este costo. Y esto es así que con relación al costo, en la declaración de Marcio Verdi, refirió que en todos los países donde se lleva o se contrata a través de la CIAT tiene su costo, incluso mucho más elevado que el nuestro (sic)”, señaló Peralta al respecto.

“Entonces, yo entiendo y encuentro que no es ilegal el costo que fue abonado por el Estado paraguayo para la actualización del sistema Marangatu (sic)”, agregó.

Lo que realmente se publicó

En ninguna de las publicaciones realizadas por ABC Color y que generaron la querella de González se citó, se insinuó o se cuestionó la existencia de alguna ilegalidad con respecto al precio pagado por la actualización. Las críticas se basaron netamente en la forma en la que se dio la contratación directa del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) con un contrato de más de US$ 3,6 millones.

El 27 de marzo de 2019, luego de recibir documentos que hasta ese momento no habían sido revelados sobre el proceso de licitación para la actualización del sistema de gestión tributaria conocido como Marangatu, ABC Color realizó una serie de publicaciones acerca de cuestiones relacionadas al interés público.

Cuando Marta González Ayala era viceministra de Tributación, se adjudicó un contrato –para actualización del sistema tributario– por más de US$ 3 millones al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), un organismo del que era directiva. No hubo competencia, sino contratación por vía directa y se argumentó que eran los únicos con la experiencia requerida, pero tercerizaron el contrato.

Alegando urgencia impostergable, en el año 2016 la SET contrató en forma directa y por vía de la excepción al CIAT, organización con base en Panamá, para actualizar el sistema de gestión tributaria Marangatu.

Sin embargo, el CIAT terminó subcontratando a Ideati por no tener, según reconoció el propio secretario ejecutivo del organismo, el personal para realizar el trabajo informático.

Precisamente, empresas paraguayas de software habían solicitado en 2016 que la SET realizara la licitación en lotes: uno tecnológico y otro tributario. No obstante, el alegato para el rechazo fue que el CIAT era el único con la capacidad de ese doble componente para los trabajos necesarios.

El propio Marcio Ferreira Verdi, secretario general del CIAT, reconoció ante el juez Peralta que existió la señalada subcontratación.

Contraloría sí criticó montó pagado

La que sí cuestionó el millonario monto pagado por la SET fue la Contraloría General de la República (CGR) que realizó una revisión documental del proceso de compra pública. El señalado proceso de control arrojó la detección de incumplimientos de la ley de Contrataciones Públicas.

Estos son algunos de los elementos detectados como irregularidades por parte de la CGR: una urgencia impostergable que no era tal y una figura que buscaba el lucro cuando se podían usar otras.

Estos puntos fueron señalados por Eulogio Rivas, funcionario de la Dirección de Control de Contrataciones de la Administración Central (DCAC) de la Contraloría General cuando se presentó como testigo.

Nos llamó la atención el monto del contrato, porque según la ley, por ese monto debería haberse realizado una Licitación Pública”, apuntó Rivas en su deposición.

El propio Rivas recordó que el informe final de la revisión reveló que no existió análisis de mercado para fundamentar el costo pagado. Es decir, Peralta no solo decidió ignorar esto sino resolvió imputar a nuestros compañeros por las críticas de la CGR

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