Ayer se dio a conocer el texto íntegro del aberrante fallo del juez Wilfrido Peralta contra la libertad de expresión y el acceso a la información pública. El magistrado condenó la semana pasada a Natalia Zuccolillo y Juan Carlos Lezcano, directora y periodista de ABC Color.
En un fallo repleto de errores, el magistrado Peralta actuó casi como uno más de los abogados de la exviceministra cartista de Tributación, Marta González Ayala.
Wilfrido Peralta desacreditó a testigos
En las más de 140 páginas, se puede leer cómo varios testigos confirmaron los hechos publicados por el diario ABC Color en las notas que generaron la demanda contra nuestros compañeros.
Sin embargo, el magistrado se dedicó a poner en duda las declaraciones particularmente de Pablo Seitz Ortiz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y de los auditores de la Contraloría General de la República (CGR) que detectaron incumplimientos a la ley de Contrataciones Públicas por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET durante la administración de González Ayala.
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Por ejemplo, nuestro diario había publicado que representantes del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) habían formado parte de la redacción del Pliego de Bases y Condiciones del proceso de compra pública en el que terminaría siendo adjudicado el propio organismo internacional.
Seitz hizo comentarios al respecto, aclarando que este punto había sido investigado por la DNCP pues la ley no permite esta injerencia. Al respecto, Peralta puso duda lo declarado por el alto funcionario.
“Resulta un tanto extraño que el Dr. Pablo Seitz al momento de prestar declaración testifical en juicio en una parte de su declaración dijo: lo principal era la injerencia del CIAT en la elaboración del pliego y su contratación posterior, la ley prohíbe eso; de que manera puede considerar que la ley prohíba si por la Constitución Nacional lo permite como actos de gobierno (sic)”, dice en una parte el fallo.
Peralta demostró así un grave desconocimiento de la ley de Contrataciones Públicas y trató de confundir la redacción de un pliego de bases con un acuerdo de colaboración.
El magistrado, además, pretende hacer creer en su fallo que no hay irregularidad en que las mismas personas que redactaron parte de un pliego licitatorio sean luego los beneficiados en esa compra pública. Su argumento surge por el simple hecho de que el CIAT es un organismo internacional.
Otro punto llamativo es que en la transcripción de las declaraciones de Seitz, que debería ser completa y literal, no se encuentran varios puntos en los que el funcionario señaló que todos los puntos publicados por ABC Color fueron luego corroborados por la investigación de la institución a su cargo.
Cosas que no se dijeron
Peralta dedicó páginas y páginas a hacer una ponderación de la importancia pública del Sistema Marangatu y de la necesidad de su actualización. Este punto no estuvo siquiera en discusión en las publicaciones, que apuntaron a la forma en la que se entregó el contrato para esos trabajos.
El propio Peralta señala en su fallo que el mismísimo secretario general del CIAT; Marcio Ferreira Verdi, reconoció que el organismo subcontrató a una empresa privada para cumplir con el contrato.
En otro punto, Peralta llegó a decir que los abogados de nuestros compañeros afirmaron cuestiones que nunca fueron expresadas. Por ejemplo, quien escribió el fallo redactó: “La defensa también sostiene que todos los funcionarios que vinieron a declarar de la oficina de la secretaria de estado de tributación son personas que fueron subalternos de la señora MARTA GONZALEZ AYALA (sic)”.
Este punto no fue afirmado ni de forma verbal ni en ninguno de los escritos planteados por representantes legales de nuestros compañeros. De hecho, no hay una sola mención a esto en las transcripciones de los alegatos de los abogados.
“No es comercial”
“La defensa pretende instalar que la adjudicación realizada por la SET al CIAT se trata de una operación comercial (sic)”, señala el aberrante fallo para luego asegurar que esto fue desmentido por el secretario general del organismo.
Según Peralta, un contrato de US$ 3,7 millones no es una operación comercial.
Juzgó hasta informe de Contraloría
Peralta incluso se extralimitó al decir que las declaraciones de Seitz fueron desvirtuadas, haciendo el trabajo de los abogados de la querella.
No conforme con esto, el magistrado decidió no solo ignorar el informe en el que la Contraloría General confirmó una serie de irregularidades bajo la administración de Marta González Ayala, sino que incluso juzgó que el documento no tenía validez por no haberse presentado ante la Fiscalía.