El pasado jueves 23 de marzo, el gobierno de los Estados Unidos agregó a tres paraguayos más a su lista de “significativamente corruptos”, tratándose de Édgar Melgarejo, extitular de la Dinac; Jorge Bogarín, miembro del JEM, y Vicente Andrés Ferreira Rodríguez, primo del imputado exintendente de San Pedro de Ycuamandyyú Gustavo Rodríguez. Ante esto, hoy desde el Consejo de la Magistratura, uno de sus miembros titulares, Pedro Santa Cruz, pidió la renuncia de Bogarín Alfonso a su cargo en el CM.
Esto se da ante la grave acusación del gobierno estadounidense, atendiendo a que, según afirmó el embajador estadounidense en Paraguay, Marc Ostfield, su Gobierno cuenta con información “fidedigna” sobre que Bogarín y Ferreira -el primo del exintendente- interfirieron en procesos judiciales para su beneficio personal y que sus acciones “socavaron la independencia e imparcialidad del Poder Judicial del Paraguay y otras instituciones públicas”.
Como parte de la justificación de su pedido, el legislador Santa Cruz dijo: “Es lo que corresponde en actitud ética”. En ese sentido, entre las personas que apoyaron el pedido del senador, el abogado Enrique Kronawetter sostuvo que “amerita” que Bogarín “dé un paso al costado y se produzca su renuncia”.
Por su parte, el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Eugenio Jiménez Rolón sostuvo que “todavía no se escuchó” a Bogarín, desconociendo por ejemplo si él presentaría su renuncia por su propia cuenta.
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Una postura parecida a la de Jiménez es la que tuvo el miembro titular Gustavo Miranda, alegando que en este caso se da una “suerte de presión” y se “sobrepasan los límites” instando a la renuncia del abogado. “No tomar decisiones apasionadas; tenemos que ser consecuentes, con equidad y con justicia”, refirió.
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Descargo de Jorge Bogarín
Durante el debate sobre el pedido de su renuncia, el “significativamente corrupto” Jorge Bogarín Alfonso hizo su descargo, alegando que él está “pagando un costo” por su “tipo de liderazgo”.
Según Bogarín, decidió “romper estructuras” y con esto “molestó al poder”, considerando probablemente que esto pudo haber derivado en la sanción que recibió por parte del gobierno de Estados Unidos, reiterando a la vez que todavía no tiene una documentación sobre “qué hizo bien o qué hizo mal”.
Asimismo, dijo que ante su caso se está dando una “violación del derecho a la defensa”, pero agregó que esta situación “da más fuerza” y que “no llegarán a amilanar sus actos”.
“Esto incluso lo paga mi familia y es injusto en el caso de ellos. Todo lo que se está planteando será respondido. Ya iniciamos los trámites y pido que nuestras voces sean escuchadas, la mía en particular. Reclamamos el acompañamiento de las instituciones y estamos dispuestos con la verdad de nuestro lado”, alegó.
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