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El 1 de abril de 2017, la tentativa de enmienda constitucional a la fuerza seguía latente y el cartismo y el luguismo sostenían que el trámite debía continuar en la Cámara Baja.
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Rodrigo Quintana fue velado en la sede del PLRA y otro joven, Manuel Alarcón, perdió un ojo debido a la brutalidad policiaca de esa madrugada en que hubo 211 manifestantes detenidos en la FOPE. La embajada de EE.UU. advertía que una enmienda a la Carta Magna debería hacerse en “forma abierta y transparente”.
Cartes intentó apaciguar la crisis destituyendo al ministro del interior, Tadeo Rojas, y al Comandante de la Policía, Críspulo Sotelo.
Luego envió por video de Facebook sus pésames y sorprendió al decir que le quisieron hacer un “golpe”. Santiago Peña, entonces ministro de Hacienda, expresó que lo ocurrido no tendría consecuencias en la economía ni impactará en la calificación riesgo-país.
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La madre del policía Gustavo Florentín, actualmente libre y sindicado como autor del disparo contra Rodrigo Quintana, refirió que su hijo solo seguía órdenes de Cartes. El gobierno pretendía culparlo de todo.
Medios de prensa de todo el mundo se hacían eco de lo ocurrido ya que se incendió parte de la sede del Poder Legislativo y policías atacaron el principal partido opositor.
Hubo repudio y abucheos a varios senadores, como en la fiesta de 15 años de la hija de Javier Zacarías Irún, frente a la vivienda de Derlis Osorio, pero, especialmente, contra la entonces senadora Mirta Gusinky, achacándosele el uso político que daba a la muerte de su hija Cecilia Cubas.
