Hoy tuvo entrada en la Presidencia de la República el documento firmado por el ministro del Interior, Federico González, donde recomienda al presidente Mario Abdo Benítez que de trámite y se remita a Diputados el pedido de intervención aprobado en diciembre pasado por la Junta Municipal de Puerto Casado, contra Hilario Adorno, quien está imputado por la presunta lesión de confianza.
El pedido llevaba cajoneado hace varios meses, pese a que la Ley Nº 317/94 que Reglamenta la Intervención establece que el plazo máximo para el trámite en el Ministerio del Interior es de 6 días hábiles (artículo 3º). Sin embargo, en este caso, se tardaron meses. El pedido vuelve a tomar impulso justo cuando se especula el pase del diputado “Mino” Adorno, electo por Fuerza Republicana al cartismo.
Los concejales y la Fiscalía sostienen que hay indicios de que Hilario Adorno habría incurrido en una serie de irregularidades en la administración municipal, entre ellas, comprar una camioneta 0 Km. con fondos comunales, pero que puso a su nombre.
Además, lo denuncian por la presunta emisión de cheques sin fondos y pagarés a nombre de la comuna a discreción, sin contar con los fondos suficientes, lo cual también motivó que empresas proveedoras requieran e inicien acciones contra la comuna.
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Una vez que el pedido tenga la firma del presidente Abdo, deberá ser remitido a la Cámara de Diputados para que continúe el trámite, y en una sesión (ordinaria o extraordinaria) deberán conformar una Comisión Especial para analizar el pedido de intervención que, tras convocar a las partes para presentar las pruebas de cargo y descargo y colectar otros elementos, deberá emitir dictamen en una plazo no mayor de 15 días para ponerlo a consideración del pleno.
Con este dictamen (que puede ser a favor y/o en contra), por mayoría simple (la mitad más uno de los presentes), la Cámara de Diputados aprobará o rechazará el pedido. En el caso de prosperar, el intendente cuestionado quedará apartado del cargo y el poder Ejecutivo deberá designar un interventor, que tendrá un plazo máximo de 90 días para fiscalizar la gestión comunal.
Tras este tiempo, el interventor deberá remitir un informe final a la Cámara de Diputados, que por mayoría absoluta (41 votos) podrá disponer de la destitución del intendente en este caso.