Exgobernador de Central ignoró graves irregularidades en proyectos al momento de ordenar desembolsos

La Unidad Especializada en Delitos y Anticorrupción (UDEA) presentó el martes 26 de septiembre pasado la acusación y pedido de juicio oral y público en contra del exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González Alegre (ANR, cartista) y otras 32 personas, procesados por el perjuicio de G. 18.300 millones.

El fiscal de la causa, Silvio Corbeta Dinamarca, sostiene que el daño patrimonial causado a la institución departamental fue consumado a través de un esquema delictivo que se montó para el desvío ilícito de fondos de la Gobernación mediante transferencias irregulares hechas por el Ejecutivo a cinco ONG, que presentaron 51 proyectos plagados de groseras anomalías.

Entre las irregularidades se menciona que los proyectos no contenían plan de acción a ser ejecutado, es decir, no se especificaron cuáles serían los servicios o bienes a ser adquiridos.

Tampoco tenían un presupuesto debidamente elaborado, no se identificaron los lugares donde serían ejecutados los proyectos, no se señalaron las obras a ser realizadas y tampoco se presentó un presupuesto de gastos ni plan financiero.

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También faltaba la planificación de bienes o servicios entregados y asignación financiera; mientras que tampoco se presentaron copias autenticadas de las rendiciones de cuentas por desembolsos anteriores visadas por la Contraloría General de República (CGR) y no se ha presentado un certificado original y vigente de la cuenta bancaria, cuenta corriente o caja de ahorro.

Los fines y objetivos de varios proyectos no guardarían relación con los fines u objetivos de las entidades beneficiadas; ignorando el proceso de verificación de correspondencia de los fines y objetivos declarados en los proyectos presentados, con los fines y objetivos de la institución aparentemente beneficiada, es decir, no tenían información sobre las entidades que presentaron los proyectos.

Varios de los acusados eran funcionarios de la Gobernación que se encontraban cumpliendo funciones y en los procesos de control, habrían simulado el cumplimiento de los procedimientos y requisitos previos establecidos en la ley y, de esa forma, justificar documentalmente los desembolsos que fueron efectuados durante el 2019 y 2020.

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Según la acusación, los miembros de las organizaciones involucradas como el Consejo Regional de Salud del departamento Central, el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), la Asociación Plantemos Conciencia, el Centro Nacional de Organizaciones Populares (CENOP), y la Asociación Ecodesarrollo, además de funcionarios de la Gobernación, de supuestos proveedores y de hasta el mismo Hugo Javier, estaban en conocimiento de las irregularidades e igualmente prosiguieron con el plan, actuando con “dolo directo de primer grado” para causar el daño patrimonial.

Los hechos investigados son lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.