BERLÍN (EFE). La falta de independencia del poder judicial es uno de los principales problemas en la lucha contra la corrupción en América Latina, donde todos los países, salvo tres, obtienen una puntuación inferior a 50 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentado ayer por Transparencia Internacional (TI).
Los países latinoamericanos cuyos ciudadanos perciben como más limpios son Uruguay, Chile y Costa Rica, con 73, 66 y 55 puntos, respectivamente, los únicos tres por encima de los 50 puntos, según este índice.
En la cola como los más corruptos se sitúan Venezuela, con 13 puntos, y Nicaragua (17) –con un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de la independencia del Poder Judicial– y Honduras y Guatemala (23).
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En una franja media, aunque de todas formas por debajo del aprobado, se sitúan Cuba (42), Colombia (40), Argentina (37), Brasil (36), República Dominicana y Panamá (35), Ecuador (34), Perú (33), El Salvador y México (31), Bolivia (29) y Paraguay (28). La ausencia de la independencia judicial, una gran lacra, señala el informe de Transparencia Internacional (TI).
Los países menos corruptos
Como país con la menor percepción de corrupción repite Dinamarca (90), seguida de Finlandia (87) y Nueva Zelanda (85), mientras que en el extremo opuesto se sitúan Somalia (11), Venezuela, Siria y Sudán del Sur (todos ellos 13 puntos).
El informe de TI subraya que la ausencia de independencia judicial debilita el Estado de derecho, promueve la corrupción y fomenta la impunidad de los corruptos y criminales.
En este sentido, abordar este problema resulta imprescindible para combatir la corrupción de manera eficaz y garantizar el buen funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos, en una región –la de las Américas, que incluye 32 países– cuyo promedio se mantiene en 43, agrega la ONG con sede en Berlín.
En lo que respecta a Venezuela y Nicaragua, los países que al igual que en años anteriores peor puntuación obtienen, “estamos hablando de dictaduras”, donde no existe ningún tipo de división de poder, reina la opacidad y las fronteras entre “lo legal y lo ilegal” son extremadamente difusas “, dijo a EFE Luciana Torchiaro, consejera regional para las Américas de TI.
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En el caso de Venezuela, agregó, el poder judicial está completamente cooptado al servicio de las élites gobernantes y del crimen organizado, por lo que en ese país no hay " ninguna posibilidad de sancionar la corrupción”.
Además de Venezuela, a Torchiaro también le preocupa el caso de Guatemala, al ser de los países que más han declinado desde 2012 –diez puntos–, principalmente debido a la construcción de una élite económica y política en el país con tres gobierno consecutivos aliados con prácticas corruptas, señala el informe de Transparencia Internacional.
Periodo de Mario Abdo y Santiago Peña
Desde 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción de TI clasifica anualmente a 180 países y territorios en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios) usando datos de fuentes como el Banco Mundial o empresas privadas de consultoría.
En el periodo de análisis (2023), corresponde a los gobierno colorados de Mario Abdo Benítez y Santiago Peña, quien asumió el 15 de agosto del año pasado.
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Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional, Paraguay mantiene el puesto 136 de 180 países, el mismo puesto en comparación al año 2022.
También, Paraguay obtuvo 28 puntos de 100 en total, tal como el 2022.