El rechazo de parte de la jueza de Paz del Juzgado de La Encarnación, Analía Cibils, de la denuncia de la senadora Kattya González y su asesora Soledad Blanco al diputado Rodrigo Gamarra por violencia contra la mujer generó reacciones. Este lunes llegó a la Comisión Permanente del Congreso Nacional un pedido de desafuero del diputado cartista.
El objetivo de la solicitud judicial es que la Cámara de Diputados trate el pedido de desafuero del legislador, de manera a que este pueda ser procesado por la Justicia ordinaria. Según se argumentó, existe inmunidad parlamentaria.
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La organización Tecnología y Derechos Humanos (Tedic) manifestó que la decisión de la jueza de Paz de “rechazar” la denuncia por violencia de género hacia la senadora y su asesora, amparándose en la inmunidad parlamentaria, y primeramente solicitar el pedido de desafuero del diputado para ser sometido a la justicia, sienta un precedente peligroso.
“Esto deja en evidencia un vacío legal que pone en riesgo la seguridad y los derechos de las mujeres en posiciones de poder, así como de cualquier funcionaria en relación de dependencia”, sostuvo la organización.
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Según refiere, este caso es un claro ejemplo de cómo la violencia digital y la violencia política de género se entrelazan, creando barreras adicionales para las mujeres que buscan participar en espacios políticos y públicos.
Tedic, en su publicación, instó al Congreso Nacional a reflexionar sobre el impacto negativo de los fueros parlamentarios en casos de violencia de género. “Es necesario buscar un equilibrio que proteja la función legislativa sin convertirla en un escudo para la impunidad”, señaló.
Jueza recibió presión de HC y del presidente del JEM, dice González
La senadora Kattya González también demostró su preocupación por la decisión del Juzgado de Paz. Señaló que la jueza, tras la presión de Honor Colorado, el diputado Rodrigo Gamarra y Orlado Arévalo, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), dio “sentencia de muerte” al sistema de protección contra toda forma de violencia contra la mujer.
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Según González, se acaba de dejar a las funcionarias como presas de los acosadores y violentos. “A partir de ahora si un legislador agrede, acosa, golpea, le pide un favor sexual o violenta a una mujer se debe esperar el desafuero y que la ‘mayoría’ esté de acuerdo antes que proteger a la víctima”, lamentó la parlamentaria.
Esperanza Martínez insta a llamar al orden a Gamarra
La senadora Esperanza Martínez también se pronunció ante la denuncia de los hechos de violencia de género por parte del diputado Gamarra. La legisladora manifestó su solidaridad a su colega Kattya González y su funcionaria Soledad Blanco.
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Dijo que firmó un proyecto que insta a llamar al orden al diputado Gamarra. “Mi repudio a estas campañas de odio y violencia política que desalientan la participación de las mujeres”, expresó.
Subrayó que las mujeres dejan la política por la violencia y el desaliento que generan las críticas por la sexualidad hacia la mujer. “Se quiere degradar a la mujer como persona. Eso intimida porque la política es como un espacio no permitido para las mujeres”, subrayó.
Dos tercios para el desafuero del diputado cartista
Tras la decisión de la jueza, ahora el parlamentario cartista debe ser desaforado para que pueda someterse a la justicia. Se necesita una mayoría de dos tercios para aprobar un eventual desafuero.
Hay que destacar que el Congreso Nacional está copado de legisladores que responden al movimiento Honor Colorado, misma posición del diputado denunciado.
La Cámara de Diputados hizo público un comunicado del movimiento Honor Colorado en defensa del diputado Gamarra, pero unas horas después el posteo fue borrado.
El viernes pasado el senador cartista Rodrigo Gamarra fue denunciado por la senadora Kattya González y la funcionaria Soledad Blanco por trasgresión a la ley N° 5.777, de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. Según la denuncia, el diputado colorado utiliza sus redes sociales y espacios de intervención para violentar, acosar de manera falsa a los agentes políticos que no conforman su equipo político.