Según los datos oficiales, alcanzaría a 1.417 personas y demandaría G. 104.224 millones, cuya financiación se desconoce.
Dicha indemnización fue sancionada en el Congreso, pero el Ejecutivo la objetó totalmente el 28 de abril, ante la falta de fondos y el desconocimiento de su alcance. Diputados rechazaron el veto y el Senado hizo lo mismo promulgando la ley automáticamente.
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El decreto exige al beneficiado y familiar del fallecido una serie de acreditaciones. También limita el beneficio solo a los que integraron cuarteles y regimientos de 15 unidades específicas.
“El solo hecho de figurar en alguna constancia oficial, en la lista de la remesa durante el periodo que comprende los días 2 y 3 de febrero de 1989, no implica la efectiva participación”, señala el documento.
El decreto N° 2491/2024 agrega que solo se podrán presentar los documentos hasta el 26 de febrero de 2026, de conformidad con el plazo previsto en el artículo 4° de la Ley 7081/2023.
Indemnización será de G. 77 millones
Se establece que el monto de la indemnización a ser asignado a los beneficiarios en un único pago será el equivalente a 750 jornales mínimos, es decir, G. 77.318.250. Los pagos se harán por la red bancaria del Banco Nacional de Fomento (BNF).
Sin embargo, se aclara que el Ministerio de Economía solo podrá hacer los pagos según “Disponibilidad presupuestaria” lo cual no deja garantías del tiempo de entrega.
En la revisión de documentos estarán involucrados el Ministerio de Defensa, la Procuraduría General y el Ministerio del Interior.