El presidente Santiago Peña había vetado un solo artículo de lo aprobado por el Congreso, puntualmente el 16, que establecía “que las personas adultas mayores de 65 años de edad accederán a medio pasaje en el transporte público urbano, interurbano, de corta, mediana y larga distancia nacional”.
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El argumento del Ejecutivo es que supuestamente se le había imposible al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ajustar en ese plazo, sistemas como el de billetaje electrónico para aplicar efectivamente el “medio pasaje”.
Con relación a la parte no objetada, si bien se habla de “universalidad” de la pensión para adultos mayores, es decir, que todo aquel que tenga 65 años y cumpla con los requisitos, entre otros, no poseer salario o jubilación del sector público o privado, tiene derecho al cobro, la realidad es que por falta de recursos, la asignación se haría de forma progresiva.
Si bien se elimina el censo, es decir, los beneficiarios deben ser agregados automáticamente, esto dependerá de la disponibilidad presupuestaria y supuestamente se hará priorizando a los que tengan mayor edad, hasta llegar a los 65 años, lo cual podría durar años.
Por esto, es que durante su primer trámite en diputados se catalogó como “pretenciosa” y “populista” esta ley, al no cumplir efectivamente con la “universalidad”.
Otro aspecto cuestionado de esta normativa es que será ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a cargo de Miguel Tadeo Rojas, que además maneja el millonario programa “Hambre Cero”, seguirá acumulando más poder.