El pleno de la Cámara Alta, presidida por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), resolvió hoy sancionar y remitir al Poder Ejecutivo la ampliación presupuestaria solicitada por el JEM, versión Diputados, la que sufrió aumentos.
En total 19 cartistas y sus aliados votaron por aceptar la versión modificada; hubo ocho abstenciones, un voto a favor de la versión del Senado y un legislador que se abstuvo.
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Inicialmente, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, presidido por Alicia Pucheta, había solicitado G. 218 millones para crear dos cargos. Sin embargo, en Diputados elevaron el monto a G. 488 millones para seis direcciones generales y otros rubros.
Desde un principio se previó la cuestionada recategorización de Emilce Retamozo, hija del senador Ramón Retamozo (ANR, aliado del cartismo).
El legislador votó a favor del aumento salarial que beneficia a su hija en primera vuelta, en abierto conflicto de intereses, por lo que ayer se abstuvo de votar tras las críticas que recibió.
Los voceros de las comisiones Arnaldo Samaniego (ANR), Dionisio Amarilla (exPLRA) y Derlis Maidana (ANR, HC) defendieron la aprobación de la versión inflada en Diputados.
En cambio, Rafael Filizzola (PDP) cuestionó que cada “director general” del JEM pasará a cobrar G. 17 millones. También criticó que exista “tanta generosidad” por parte de Diputados y del Senado para crear cargos en una época de supuesta austeridad en el gobierno de Santiago Peña.
Sostuvo que el aumento violaba la ley de Reordenamiento del Estado, que exige dictamen del Ministerio de Economía en estos casos.
Amantes y secretarias
La senadora Celeste Amarilla (PLRA) repudió que el presupuesto se maneje de esta manera: Que los legisladores pueden inflar los pedidos de aumentos presupuestarios a cambio de meter a sus “pendejas” (amantes) y familiares en los entes públicos.
Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) dijo que, si el JEM quiere plata, debe justificarlo, porque nunca sancionan ni destituyen a jueces ni fiscales corruptos. A modo de ejemplo, dijo que la fiscala Stella Mary Cano, suspendida por montar la imputación contra el exintendente de Asunción Mario Ferreiro, debería estar en la cárcel, no en Ayolas.
Repudió que para denunciar a un juez un ciudadano ante el JEM debe presentar caución bajo amenaza de perder todo su dinero. “Esto solo sirve para llenar de secretarias”, aseveró.