La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) cobró entre 2020 y parte de 2024 alrededor de US$ 4,6 millones, solamente por la emisión y renovación de licencias de conducir. Se trata de una ONG con atribuciones públicas y un sofisticado sistema de recaudación a través de las municipalidades.
El intendente de Guarambaré y presidente de la Opaci, Óscar Cabrera Narváez (ANR-HC), reveló que la ONG no rinde cuentas ante la Contraloría General de la República (CGR) pese a sus atribuciones públicas y su recaudación proveniente de fondos públicos.
“No tenemos obligación de informar a la Contraloría, hacemos nuestra rendición a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, pagamos IVA y todos los impuestos; además, presentamos informe a la Seprelad”, mencionó.
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Impedimento legal para auditoría por CGR
Agregó que no desde la ONG no tienen problemas en ser auditados por la CGR, pero que existe impedimento legal para ello.
“No tenemos ningún problema en control de la CGR. Incluso, cuando asumí presenté una nota la CGR para ser auditados y no respondieron absolutamente nada porque los estatutos son justamente lo que impiden que se pueda hacer eso”, mencionó.
En ese sentido, reconoció que la nota que remitió fue simplemente para justificarse ante la opinión pública. “Para que la gente entienda que nosotros queremos transparentar absolutamente nuestra función y compromiso”, dijo.
Ajustarán cuestiones legales para rendición de cuentas
Cabrera, asimismo, insistió que en que buscarán ajustar las cuestiones jurídicas para poder rendir cuentas ante la CGR. “Seguramente, tenemos que ajustar algunos detalles jurídicos para que eso se pueda dar, pero no tenemos absolutamente ningún impedimento de nuestra parte para que seamos auditados y se transparente lo más posible”, refirió.
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Agregó que Opaci no está regida bajo la reciente promulgada ley anti-ONG, pero reiteró que presentarán impedimentos en caso de que se les exija —mediante esta vía— transparentar la gestiones.
Con relación al destino de lo recaudado, indicó que el 20% es destinado a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), con la cual enfrentan demanda por deudas, y el resto en inversiones para el funcionamiento de la institución, así como en salarios de 145 funcionarios.