Por ahora queda en manos de la Sala Penal de la Corte Suprema resolver la apelación planteada contra la medida cautelar que volvió a suspender la licitación para la compra de 28.000 máquinas de votación por US$ 93 millones. Salvo que algún ministro se inhiba, dicha instancia es integrada por Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia.
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Dicha medida cautelar que paralizó el concurso, a menos de un año de las internas municipales, fue solicitada por la empresa paraguaya de software Bypar SA, cuyo representante es Óscar Caballero. Esto pese a que la misma no integra ninguno de los tres consorcios que presentaron ofertas.
La medida cautelar fue aprobada por el Tribunal de Cuentas en lo Contencioso Administrativo 2ª Sala, integrado por Edward Vittone, Celeste Jara (prima de Horacio Cartes) y Stella Maris Zárate (por la recusación de César Diesel Marín, hijo del ministro de la Corte César Diesel).
Vittone votó en disidencia al señalar que el abogado de Bypar SA, Eduardo Daniel Agüero, no pudo acreditar qué derecho se le estaba negando a su cliente y lo acusó de pretender con una medida cautelar resolver el fondo de la cuestión.
Bypar sostiene que el pliego de bases y condiciones no debe exigir a la fabricante de máquinas de votación un mínimo de 10 años de experiencia. En cambio, el TSJE defiende este punto en su pliego de bases y condiciones y señala que Bypar es una proveedora de software y no una fabricante de máquinas, por lo que su reclamo no se justifica.
Las empresas que sí están en carrera son: Consorcio Paraguay Democrático, integrado por Selex (Marco Domaniczky), Excelsis (Daniel Sauca) y la multinacional SmartMatic (Andrés Rombola); el Consorcio Comitia MSA, conformado por la firma paraguaya Comitia y la argentina MSA; y Miru Systems, de origen coreano.
Actualmente los opositores temen que las máquinas sean vulnerables a hackeos, situación que el TSJE niega. En cambio, los colorados disidentes temen que la licitación se otorgue a un consorcio asociado secretamente con la firma ITTI, empresa vinculada al presidente Santiago Peña y que acapara toda clase de licitaciones tecnológicas en el Estado.