El proyecto de ley tiene por objeto regular el procedimiento que debe observarse para el cultivo, engorde y comercialización de especies alóctonas y exóticas en cuerpos de agua cerrados o semiabiertos (ríos, arroyos y represas) en la República del Paraguay.
Según el senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC), el proyecto consolida una alternativa productiva capaz de beneficiar al medio ambiente como a la economía nacional. Afirmó que, según el parecer del Ministerio de Relaciones Exteriores, la norma no vulnera los convenios internacionales ratificados por el país.
Mientras, el Mades señala en su informe que la dirección general de protección y conservación de la biodiversidad dice que el proyecto tiene por objeto establecer el marco jurídico adecuado para la habilitación del cultivo en las aguas paraguayas del embalse tanto de Itaipú y Yacyretá y que implementan el modelo “exitoso” implementado en el Brasil.
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Sin embargo, para la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (CN) expresó su rechazo del proyecto y dijo que lo menos necesario en nuestras aguas son este tipo de especies alóctonas y exóticas, porque no son originarios de Sudamérica.
Indicó que el cultivo pueden contaminar nuestros ríos y producir la muerte de las especies de surubi y pacu. Aseguró que es mentira que el Ministerio de RREE están totalmente a favor del proyecto, porque un grupo de funcionarios alertó de los peligros, pero que, llamativamente, en otra reunión, otro grupo de funcionarios de la misma institución se mostró a favor.
Paredes dijo que no pueden ser irresponsables e implementar este tipo de proyectos. Indicó que se encuentra vigente un protocolo adicional de conservación de la fauna acuática de los ríos limítrofes entre Paraguay y Brasil que señala que se encuentra prohibido el cultivo de especies que no fuesen de origen y ocurrencia natural de las cuencas del río Paraná y Paraguay.
Otros senadores señalaron que la norma viola los artículos 7° y 8° de la Constitución Nacional, sobre el derecho a un ambiente saludable y la protección ambiental, respectivamente, además de exponerse a sanciones internacionales por la violación de convenios internacionales.