Para hoy está previsto que la Cámara de Senadores trate el proyecto de ley de reforma del transporte público que “redefine la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica partes sustanciales del marco normativo vigente (Ley 1590/2000)”, por lo que tiene que definir si acepta las modificaciones de la Cámara de Diputados o se ratifica en su versión.
Los gremios de choferes declararon la medida de fuerza en rechazo a tres artículos: 20, 39 y 45 del proyecto de ley, que según denuncian, vulneran su derecho a huelga, ponen en riesgo su estabilidad laboral e incluso plantean incertidumbre sobre quién será su empleador bajo el nuevo esquema de concesiones.
Para la senadora Esperanza Martínez esta situación se podía evitar si se escuchaba a los trabajadores y se priorizaban sus derechos, antes que los negocios del Presidente de la República, Santiago Peña, con los transportistas.
“Tenemos que reiterarle a este gobierno, por qué lo que no quiere conversar y terminar los proyectos tan importantes como la reforma del transporte dentro de un espacio de diálogo. Hay muchas cosas que hoy el gobierno nacional y el Ministerio Obras Públicas pueden hacer por el transporte y no se hace”, sostuvo.
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Cambios en la ley
La Cámara de Diputados cambió varios puntos de la ley, como la reducción de la obligación de sostener el sistema al 70% y al 60% en caso de huelga, por considerarse imprescindible, uno de los puntos cuestionados por los trabajadores, ya que sostienen se les restringe el derecho a huelga.
Para la legisladora, al gobierno no le importa si se complica el proceso, porque su intención es que igual salga la reforma.
“Que se cambia uno, que se cambia el otro, que hay una serie de incoherencias y tenemos a la gente enojada afuera, ¿por qué?, ¿para qué tienen el poder?, ¿para qué tienen mayoría?, si realmente van a venir otra vez a atropellar con una ley que afecta los derechos de los trabajadores. Eso no se entiende, a no ser que sea una gran torpeza política o una soberbia descontrolada”, criticó.
Otro de los puntos cuestionados es que dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) 2026 el gobierno no designó presupuesto a la reforma, más que el mismo monto del subsidio que hoy rige, lo cual es una evidencia de que en realidad no buscan la reforma.
“Política pública sin plata es propaganda política. Eso es lo que es este proyecto. Esto es hacer algunas cosas para que todo siga igual. Lastimosamente, siempre en este país lo que menos se respeta es el derecho de los trabajadores. Acá es un problema de negocios, es un problema de gastar dinero con los amigos empresarios del presidente y su entorno. Acá hay que hacer políticas públicas que cambien la vida de la gente y eso es lo que ellos no quieren hacer. Negocio, amigos y ahí termina la política pública”, concluyó.