Tal como se esperaba, el presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC) promulgó la Ley N ° 7615, fechado el 29 de diciembre de 2025, “que modifica el artículo 8º de la Ley Nº 609/1995 que organiza la Corte Suprema de Justicia’ y deroga la Ley Nº 7058/2023”, que, en resumidas cuentas, elimina la rotación de ministros al frente de las 18 Circunscripciones Judiciales a nivel país, para que estos puedan enquistarse como señores feudales en los departamentos.
Ayer, en pleno feriado nacional (1 de enero), la normativa se publicó en la Gaceta Oficial del Poder Ejecutivo, con otras siete leyes.
La promulgación de la normativa no es un hecho menor. El 9 de diciembre pasado, la Cámara de Diputados, con mayoría cartista y de aliados, sancionaron el proyecto de ley que devuelve los “feudos” judiciales permanentes a los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Reunión secreta
Tras esa sanción se mencionó en carpas políticas que fue el resultado inmediato de la reunión secreta que mantuvieron en Mburuvicha Róga, a inicios de este mes, Peña con seis de los nueve ministros de la máxima instancia judicial con el titular de la ANR, Horacio Cartes, presencia que no fue desmentida en esos días.
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En el debate legislativo, opositores denunciaron que el Gobierno cartista quiere emular a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua.
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La promulgación modifica la organización interna de la CSJ, ya generó una fuerte polémica política y jurídica más aún luego de descubrirse una reunión secreta.
Presionado
Luego, presionado, el martes 23 de diciembre, Santiago Peña visitó a los ministros de la CSJ y 17 minutos antes recién la Dirección de Comunicación de la Presidencia informó a los periodistas acreditados. En la agenda original no figuraba esta actividad.
El encuentro de Peña con todos los ministros de la Corte (ausente Alberto Martínez Simón, por viaje) habría tenido por objetivo intentar recomponer su alicaída imagen, tras la reunión secreta que mantuvo con seis de los altos magistrados que responden al Partido Colorado.
El hecho puso en tela de juicio la institucionalidad democrática del país por tres motivos: el secretismo de la reunión, la (posible) presencia de Cartes, y la selectividad de los invitados.
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Para intentar arreglar la situación, algunos ministros de la Corte buscaron justificar el encuentro días después, manifestando que se habló aquella vez sobre temas presupuestarios. Luego negaron la presencia de Cartes, y Peña visitó a todos los ministros y no solo a seis, con la excusa de promulgar la Ley de Arbitraje.