La abogada Alejandra Peralta cuestionó la cantidad de funcionarios y autoridades que integran la delegación paraguaya que viajó a Ginebra, Suiza, para participar de la evaluación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas.
Peralta consideró que dos o tres personas podían ser suficientes para representar al país durante el diálogo con los expertos internacionales, en lugar de los 16 representantes acreditados oficialmente. Sostuvo que las preguntas del comité ya habían sido formuladas y respondidas por escrito por Paraguay, por lo que las autoridades conocen los temas que deben abordar.
La especialista calificó el viaje como un gasto innecesario, especialmente en un contexto en el que el Gobierno habla de una “economía de guerra” y se plantean recortes de gastos considerados superfluos.
“Si decimos que no tenemos plata para justamente cumplir con estos compromisos, carece de sentido que vaya una representación tan grande para decir lo que pueden decir dos o tres personas”, afirmó.
Economía de guerra y gastos públicos: la contradicción que señala
La abogada resaltó la contradicción entre el discurso oficial de austeridad y el tamaño de la delegación que representa a Paraguay en Suiza. “Enviar una delegación tan grande en este momento en el que decimos que estamos en una economía de guerra (...) es lo que va en contra de esa política”, manifestó.
Peralta explicó que el procedimiento ante el CEDAW incluye una etapa escrita, en la que el Estado presenta su informe y responde a las observaciones del comité, y una instancia oral para ampliar las respuestas ante los expertos.
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Paraguay remitió su informe en 2024 y recibió observaciones del comité en 2025. Según la especialista, el diálogo presencial se desarrolla sobre cuestiones que el Estado ya conoce porque fueron planteadas previamente.
Por eso, consideró que no es necesario trasladar a tantas autoridades y funcionarios para cumplir con el compromiso internacional. “Es un gasto innecesario para el Estado paraguayo, más aún en este momento y atendiendo las grandes necesidades que tenemos en otras áreas”, remarcó.
¿Quiénes viajaron a Ginebra y por qué cuestionan a las diputadas?
Además de cuestionar la cantidad de integrantes, Peralta criticó la composición política de la delegación, particularmente la presencia de las diputadas cartistas Rocío Abed y Jazmín Narváez.
Ambas legisladoras integran la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer de la Cámara de Diputados y fueron acreditadas para participar del encuentro internacional.
La especialista cuestionó que representantes políticos que, según su evaluación, se opusieron a iniciativas de protección de los derechos de las mujeres formen parte de una delegación que debe responder precisamente sobre esos compromisos.
Mencionó el rechazo o bloqueo de iniciativas relacionadas con la paridad y la creación de juzgados especializados, cuestiones vinculadas con la igualdad y el acceso a la justicia. “Si el comité está cuestionando eso, ¿cómo van a ir estas personas que se encargaron justamente de demoler estos proyectos?”, planteó.
Peralta sostuvo que la controversia no se limita al número de viajeros, sino también a la representatividad de quienes hablan en nombre del Estado paraguayo ante un organismo internacional.
“Una afrenta al pueblo paraguayo”, cuestiona la abogada
La especialista consideró especialmente grave que los contribuyentes financien pasajes, hoteles y viáticos de representantes cuyas actuaciones políticas, según su análisis, contradicen algunas de las recomendaciones que Paraguay debe atender.
“Es una afrenta al pueblo paraguayo, que el pueblo con sus impuestos esté pagando pasaje, hotel, viáticos a personas que vayan a hablar en nombre del pueblo”, afirmó.
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Peralta agregó que, por su experiencia en reuniones similares de las Naciones Unidas, no es necesario que una delegación de esta magnitud participe presencialmente. A su criterio, bastaría con que acudieran las principales autoridades competentes o los técnicos encargados de responder sobre las materias específicas.
La nómina oficial acreditada está integrada por 16 personas, encabezadas por la ministra de la Mujer, Alicia Pomata, e incluye autoridades del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Justicia Electoral, la Defensa Pública, el Congreso y funcionarios técnicos de distintas instituciones.