Entre los 15 puntos para analizar en la sesión ordinaria de mañana no hay temas mayormente conflictivos ni de interés del oficialismo y, de hecho, la mayoría de los puntos son reciclados, ya que hace dos semanas que la Cámara de Diputados no logra siquiera tratar un punto de su orden del día.
Esto debido tanto a la previa como al post de las elecciones municipales del pasado 4 de octubre, aunque la responsabilidad de una mayoría ya se hizo costumbre, tal como lo reflejan sus números: de las 48 sesiones ordinarias y extraordinarias del año, en 40 de ellas no terminaron el orden del día o directamente ni siquiera lograron arrancar.
Entre los principales puntos de mañana, figura en el 2º, el proyecto de ley del “programa de trabajo penitenciario autogestionado”, que en principio tiene pocas chances de prosperar, ya que acumula dictámenes por el rechazo.
El proyecto de la diputada Alexandra Zena (Cruzada Nacional) plantea un régimen laboral voluntario en las cárceles, estableciendo una remuneración para los internos equivalente al 70% del salario mínimo en el sector privado, lo que en la actualidad equivaldría a G. 2.130.800.
La iniciativa, que ya contaba con dictamen por el rechazo de la comisión de Asuntos Económicos, sumó ayer otro parecer en contra, esta vez de la Comisión de Cuentas y Control, lo que hace intuir que sería archivado de ser tratado.
Los “po pohyi” seguirán manejando “Hambre Cero”
Otro proyecto que irá al muere -de mero trámite- es el que originalmente pretendía castigar por “po pohyi” (robar demasiado) a la gobernadora de Concepción, Liz Meza y al gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres (ambos cartistas), retirándoles el manejo de millonarios fondos del programa de alimentación escolar “Hambre Cero”.
Dicho castigo promovido originalmente por el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar ya está muerto, puesto que como jugada estratégica, la Cámara de Diputados bastardeó el proyecto, a tal punto de que la “modificación” sancionada, dejaba la ley tal como está.
Es decir, de haber rechazado en segunda vuelta y haberse ratificado el Senado en tercer trámite, hubiese implicado que para mantener la ley como está hubiesen requerido una mayoría de dos tercios; sin embargo, modificándolo bastaba con mayoría absoluta.
Con esta jugada, lograron aprobar una modificación que no modificaba nada, forzando al Ejecutivo a vetar la iniciativa, que ya fue aceptado por el Senado, por lo que mañana, de mero trámite, se deberá hacer lo propio en Diputados para que el proyecto quede archivado.
Pago víctimas de la dictadura, con pocas chances de avanzar
En el 4º punto del orden del día también vuelve a figurar, tras varias postergaciones previas, el proyecto de ley “que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar el pago indemnizatorio a víctimas de violaciones de derechos humanos durante el período 1954-1989, que cuentan con resoluciones favorables de la Defensoría del Pueblo y cuyos expedientes fueron iniciados con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 4381/2011”.
Pese a figurar entre los primeros puntos, es difícil que la iniciativa prospere, ya que ni siquiera cuenta con dictamen de comisiones, y en este caso, al ser un tema con impacto presupuestario, es indispensable que tenga parecer de la Comisión de Presupuesto.
Si bien el pleno se puede constituir en Comisión, ni siquiera en la argumentación del proyecto, ni mucho menos en el articulado, se establecen cifras de posibles beneficiarios y tampoco una eventual fuente de financiamiento para hacer efectiva la ley en caso de su sanción y promulgación.
Es decir, sin eso, sería de alcance casi meramente declarativo, y se sospecha que el planteamiento de la Ley es simplemente para cumplir una de las exigencias tras la condena internacional de Estado por el caso Goiburú (2006), antes que para una reparación real a las víctimas.