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Los acusados de secuestro Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán gozan de refugio en Finlandia desde octubre del 2019. Mientras tanto el Gobierno reclama al Uruguay.

La pandemia provocada por la COVID-19 nos ha puesto a prueba como sociedad. Las poblaciones locales sufrieron un duro golpe en sus condiciones de vida. Las personas más vulnerables, entre quienes se encuentran aquellas que se vieron obligadas a huir de sus hogares debido a conflictos, persecuciones, desastres naturales, o simplemente por la pobreza y el hambre, se enfrentaron a serias dificultades en el acceso a los medios de vida básicos, así como a problemas de acceso a los servicios de salud y educación. Además, las restricciones que se implementaron en las fronteras a causa de la pandemia global, las han llevado a tomar rutas mucho más complejas y peligrosas en busca de su seguridad y la de sus familias.

GINEBRA. Cerca de 80 millones de personas tuvieron que huir de sus hogares a causa de la violencia y la persecución, lo que significa que más del 1% de la humanidad estaba constituida por desplazados, afirmó la ONU este jueves.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas, sostuvo que “el dictamen de la Acnur carece de validez” por no haber tenido en cuenta la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a Arrom, Martí y Colmán. Agregó que Paraguay será “la piedra en el zapato” de esta agencia de la ONU.

La Cancillería Nacional insistió, una vez más, ante representantes de Finlandia –país que acogió a los presuntos secuestradores– y ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), organismo que les otorgó un salvoconducto y refugio, para que revean estas decisiones y entregue a los tres compatriotas para que se sometan a la justicia de nuestro país.