En el marco de la tercera reunión de autoridades encargadas del combate al contrabando se puso énfasis en la necesidad de realizar modificaciones de la ley actual para imponer un castigo real a los “peces gordos” o financistas del contrabando y aumentar la pena hasta 10 años, a fin de que no se otorguen medidas alternativas a la prisión. Asimismo se propuso crear un Centro Integrado de Cooperación para el intercambio de información de inteligencia.