El presidente del Indert, Luis Ortigoza, y cuatro integrantes de la Junta Asesora y Control de Gestión de esa entidad son los nuevos imputados con relación al escándalo de la multimillonaria compra de tierras de la firma San Agustín SA. La primera imputación se relacionaba a la compra de tierras sobre las cuales pesaban restricciones judiciales. Ahora la fiscala Victoria Acuña indaga la supuesta sobrefacturación en el pago de la propiedad ubicada en Cordillera y que costó al Estado un monto superior a los G. 60.000 millones, de los cuales ya se pagaron G. 48.000 millones.