12 de febrero de 2026

El Sindicato de Trabajadores de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Sintraco) solicitó ayer a la Fiscalía que se amplíen las diligencias en la causa por el presunto desvío de más de G. 1.100 millones en Copaco, ante la sospecha de que existirían más desfalcos y otros funcionarios involucrados. Hablan de que la denuncia que se hizo pública sería solo la “punta del iceberg”.


Una mujer denunció hoy que delincuentes usaron su celular robado el pasado 19 de abril mientras hacía sus compras en un local comercial del barrio Villa Morra de Asunción para “vaciar” su cuenta del banco Itaú, al sustraer la suma de G. 20.199.039 mediante transferencias a diferentes destinos bancarios de muy rara procedencia. Denunció que también aprobaron y retiraron créditos por valor de G. 53.600.000 sin consultarle.

El fiscal Silvio Corbeta Dinamarca acusó y pidió juicio para Santiago Vicente Ochipinti Beterette, exdirector del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides) del Indert, el ex fiscal de Choré Florencio Pereira Rodas y otras tres personas más. Están acusadas por lesión de confianza, por el desfalco de G. 418 millones a la institución estatal entre el 2014 y el 2016.

SAN ESTANISLAO. Un significativo desfile de estudiantes se desarrolló en la ciudad de Santaní en homenaje a los 274 años de fundación de la ciudad y el día de su santo protector, San Estanislao de Kostka, que se celebra el próximo lunes 13 de noviembre. La actividad se llevó a cabo esta mañana sobre la avenida Coronel Zoilo González, en inmediaciones de las plazas Libertad y Mariscal López.

El juez Humberto Otazú dispuso la prisión preventiva para Santiago Vicente Ochipinti Beterette, exdirector del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides) del Indert, procesado por lesión de confianza en un caso de desfalco de G. 418 millones a la entidad rural. Junto a este hay un fiscal de Choré y otras cinco personas imputadas por el fiscal Silvio Corbeta.

El juez Humberto Otazú dictó medidas de vigilancia para tres de los siete imputados por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 418.522.196 al Indert, entre 2014 y 2016, con obras para la distribución de agua potable en San Pedro, Caaguazú y Guairá, por representantes de organizaciones no gubernamentales.