14 de enero de 2026

El Tribunal de Cuentas, primera sala, presidida por la jueza Stella Maris Zárate, dio un guiño al condenado intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR-HC), y levantó la medida cautelar que bloqueaba las cuentas bancarias municipales. Adorno agradeció al presidente Santiago Peña por la medida.

El acusado Hilario Adorno (ANR-HC), intendente de Puerto Casado, sigue ejerciendo sus funciones burlándose de la disposición judicial que le prohíbe acercarse a 500 metros de la sede de la municipalidad. Casi todos los días se lo ve en inmediaciones de la sede y sigue manejando a su antojo el dinero de los casadeños. Si bien la Comuna tiene un “encargado de despacho”, las gestiones las sigue realizando el cartista Adorno.

El juez Humberto Otazú aceptó la desestimación de la denuncia por supuesto cobro indebido de honorarios en contra de la “nepobabie” Liliana Raquel Busto Fretes, hijastra del cuestionado diputado Domingo “Mino” Adorno (ANR-HC), también la de Silvia Noemí Vega, esposa del diputado Benjamín Cantero (ANR-HC), más conocido como “nepoloro”, y la de Neyde Amarilla, hermana del senador Líder Amarilla (PLRA).

Angélica Mareco, pareja de Ricardo Núñez, hermano del futuro presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), y Estanislao Adorno, hermano del diputado cartista José Domingo Adorno, de cuestionada capacidad fueron ubicados en los consulados de Clorinda y Puerto Murtinho, respectivamente.

El clan Adorno, encabezado por el diputado cartista José Domingo “Mino” Adorno, y que tiene otras “joyitas” en el Estado como su hermano e intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR, HC) -acusado y en espera de juicio oral y público por usar dinero de la comuna para comprarse una camioneta- y a su “nepobaby” en Diputados, ahora ubicó a su otro hermano y suplente en la Cámara Baja, Estanislao Adorno, en el Consulado en Puerto Murtinho, Brasil.

El intendente de Puerto Casado Hilario Adorno (ANR-HC) priva a sus contribuyentes de millonarios recursos estatales debido a que no rinde cuenta del dinero recibido en concepto de royalties y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) durante el 2023 ante la Contraloría General de la República (CGR) y por lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desde enero pasado dejó de transferirle dinero público.