gobernadores

Honor Colorado y Fuerza República ya presentaron a la mayoría de sus precandidatos a gobernadores en casi todo el país mientras que el PLRA y otras fuerzas opositoras solo definieron algunos nombres en los principales departamentos. Siguen los aspirantes con antecedentes e incluso procesos judiciales abiertos por corrupción. El 27 de junio fenece el plazo para presentar alianzas y el 31 de agosto deben inscribirse todas las precandidaturas.

Gobernadores quieren seguir con el uso discrecional de dinero, utilizando como excusa la emergencia y restituyendo de esta forma el rubro 800 que fue sumamente aprovechado por numerosos administradores de gastos para evadir los controles de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. El presidente del Congreso, Oscar “Cachito” Salomón, informó que ayer el Consejo de Gobernadores solicitó la restitución de esta “artimaña” que permite la realización de compras vía la excepción, sin concurso y con adjudicaciones directas, beneficiando principalmente a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que reciben grandes cantidades de dinero para la construcción de numerosas obras.

Una de las ideas fuerza de la reforma constitucional de 1992 fue la descentralización, esto es, el traspaso de competencias y de recursos desde el Gobierno nacional a un mando de nivel político-administrativo inferior. Pero resulta que muchas Gobernaciones llegaron a convertirse en poco menos que cuevas de ladrones, sin que sus responsables sean castigados ni por los electores ni por la Justicia, pues son protegidos por sus respectivos padrinos políticos. De esta forma, continúan apareciendo administraciones departamentales podridas, que se regodean con el dinero de Juan Pueblo.

La Contraloría General de la República entre 2019 y año pasado presentó más de 60 denuncias contra administraciones municipales y de Gobernaciones, que se estima generaron perjuicios al erario público por G. 417.595.924.149, la mayoría de este dinero de recursos de Fonacide y Royalties. En algunos casos incluso hay sospechas de estructuras criminales montadas para defraudar al Estado, aún así algunos buscan la reelección.

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, reveló este martes que el reajuste del 4,4% sueldo mínimo tiene un impacto en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 del orden de US$ 19 millones, atendiendo que el salario de varios sectores públicos están indexados a esta variable, entre ellos de los gobernadores y miembros de juntas departamentales.