inversión pública

El país ha avanzado en el manejo de sus finanzas públicas y el reciente logro de obtener la calificación de grado de inversión es un testimonio de ello. Nuestras finanzas supieron sobreponerse a un difícil inicio de los años 2000, marcado por un default selectivo, continuando luego con presiones en el gasto de remuneraciones por decisiones políticas y la necesidad de mayor gasto público para enfrentar situaciones inesperadas (como inundaciones, sequías, pandemias, crisis regionales, etc.). Esta situación, en parte, me recuerda al mítico personaje de Perurima, ya que, como relataba Alcibiades González Delvalle “de todos los apuros supo salir”.

En el primer semestre del año la inversión pública cayó en un 26% comparando con el mismo periodo del año pasado, según los datos que forman parte del informe de “Situación Financiera” al mes de junio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El Gobierno ha informado que el déficit fiscal anualizado se ha reducido del 4,1% del PIB al cierre de 2023 al 3,2% en mayo. Esta sería una buena noticia si no fuera porque tal reducción no se produjo como resultado de una caída significativa del gasto corriente y de los costos fijos, que, al contrario, se han incrementado, sino de un aumento de las recaudaciones aportadas por los contribuyentes y de un recorte drástico de las inversiones públicas, que en lo que va del año recibieron 50% menos de recursos que en el mismo período del año pasado.

El informe de “Situación Financiera de la Administración Central” al mes de mayo del presente ejercicio, señala que la inversión pública cayó 13,2% en los últimos doce meses.

La infraestructura es uno de los pilares fundamentales en el proceso de expansión de los países a nivel mundial. En tal sentido, para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) la infraestructura económica representa un insumo de capital fundamental para la producción y generación de riqueza, así como un elemento necesario en todas las etapas de desarrollo de las economías.