12 de abril de 2026
La jueza Rosarito Montanía convocó para el 29 de abril a Pastor Soria, extitular del Senave, y a otros siete acusados en una causa por presunta coima para realizar la audiencia preliminar. Según la Fiscalía, los ocho acusados eran parte de un esquema que, en solo cinco meses, recaudó G. 519.100.000, concediendo la habilitación para introducir al país de forma “legal” productos frutihortícolas.

Senadores de la oposición alzaron la voz contra la corrupción y el uso clientelista del aparato estatal sobre el reciente escándalo que involucra al ex titular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), Pastor Soria, y las irregularidades detectadas en la intervención municipal a la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez. La senadora Celeste Amarilla los trató de ladrones, pero luego reconoció que en todos los partidos tienen rateritos y ladrones.

El presunto esquema de coimas que finalmente forzó al presidente de la República, Santiago Peña, a remover a Pastor Soria como titular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), era un “secreto a voces”, pero el mandatario aparentemente tiene una “ceguera selectiva”, dijo la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida). Lamentó que lleguemos al colmo que en este país, al ciudadano hasta se lo obligue a financiar la coima.

Estos son los mensajes vía WhatsApp de un presunto esquema de coimas que afecta a trabajadores del Mercado de Abasto de Asunción y que se realizaba desde el Servicio Nacional de Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave).

La Asociación de Importadores del Mercado de Abasto denuncia que autoridades del Servicio Nacional de Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) solicitan coimas a los comerciantes del mayor centro popular de compras y que las mismas no cesaron a pesar de la imputación de su titular.

Once personas fueron imputadas por aparente participación en esquema de coimas detectado en el Senave. La agente fiscal Yeimiy Adle relató que los montos pagados por importadores de productos frutihortícolas son muy elevados y, por ejemplo, dos productores pagaron entre G. 70 y 80 millones para no perder sus productos en la frontera. El precio legal del trámite es de apenas G. 17.000.