recarga de garrafas

Petropar salió ayer a responder a las “advertencias” realizadas en estos días por la Cámara Paraguaya de Gas (Capagas) sobre los eventuales riesgos que conlleva la recarga de garrafas para uso doméstico en las estaciones correspondientes. La petrolera estatal alega que, para el efecto, cuenta con los “equipos especializados” de recarga de gas, nuevos y de “última tecnología”.

Petropar contestó la intimación enviada por Copesa Gas “para que deje de rellenar con GLP garrafas con signo distintivo de su marca”, asegurando que “la recarga es permitida si se destina al consumidor final y no tiene fin comercial”. Emblemas refieren que el ente cobra un precio por la operación, por lo que tiene carácter comercial, e insiste en que sí viola la Ley de Marcas.

Las fraccionadoras privadas de gas licuado de petróleo (GLP) ya cuentan con dictamen jurídico para promover un juicio en contra de Petropar, por recargar con su producto las garrafas cuya propiedad marcaria corresponden a diferentes fraccionadoras habilitadas por el Ministerio de Industria y Comercio. La indicación jurídica refiere que “de seguir el uso de los envases que portan marca y color registrados por las fraccionadoras, se recomienda iniciar la demanda contra Petropar”.

La Cámara Paraguaya del Gas (Capagas), a través de su representante legal Pedro Ovelar, emitió ayer un comunicado en el que intima a Petropar y a todas sus asociadas a que dejen inmediatamente de rellenar con su producto garrafas que tengan el color, marcas, enseñas, códigos de empadronamiento y cualquier signo distintivo de los miembros del gremio.

Mientras los integrantes de la Cámara Paraguaya del Gas (Capagas) hacen responsable civil, penal y administrativamente a Petropar por cualquier accidente, daño, deterioro, etcétera, que ocurra por el uso indebido de garrafas que llevan sus marcas en la recarga de gas, aquella firma estatal, a su vez, asegura que no incumple la ley marcaria en aquel tipo de operación. Los privados incluso se reservan el derecho de reclamar indemnizaciones a los funcionarios que incumplen con la Constitución Nacional y las leyes.