El Poder Ejecutivo vetó la modificación a la ley 6873/2022 que pretendía dar vía libre a las gobernaciones a transferir créditos previstos para construcción de obras de uso público a entidades sin fines de lucro. La ley planteaba restituir parte del cuestionado “Rubro 800″, herramienta que fue aprovechada por gobernaciones y municipios para presuntamente evadir controles de transparencia y desviar fondos durante la pandemia. La normativa vuelve al Congreso para su consideración.