Brasil multa a Apple con USD 2,5 millones y le prohíbe vender iPhones sin cargador

Apple no podrá vender iPhones sin cargador en Brasil y deberá pagar una multa de cerca de 2,5 millones de dólares, informó el gobierno este martes, que acusó a la gigante tecnológica estadounidense de “práctica discriminatoria”.

iPhone 11 Pro and an iPhone 11 Pro Max  Apple Store
Apple no podrá vender iPhones sin cargador en Brasil y deberá pagar una multa de cerca de 2,5 millones de dólares, informó el gobierno este martes, que acusó a la gigante tecnológica estadounidense de “práctica discriminatoria”.ARMANDO BABANI

En una nota publicada en el Diario Oficial, las autoridades brasileñas ordenaron “la suspensión inmediata del aprovisionamiento de todos los ‘smartphones’ de marca iPhone, independientemente del modelo o generación, que no estén acompañados de cargador de batería”.

La medida, tomada por el Departamento de Protección y Defensa del Consumidor, anula los permisos de venta de todos los modelos iPhone 12 y 13.

Además, el ministerio de Justicia y Seguridad Pública ordenó a la empresa californiana pagar una multa de 12,28 millones de reales (2,45 millones de dólares).

Apple era procesada desde diciembre en Brasil por “venta de producto incompleto (...) discriminación contra el consumidor y transferencia de responsabilidad a terceros” al ofrecer sus celulares, desde el modelo iPhone 12, sin su respectivo cargador de energía para tomacorrientes, según un comunicado oficial.

iPhones sin cargador es un compromiso ambiental

La empresa había sido objeto de multas por organismos estaduales en Brasil pero “no tomó ninguna medida para minimizar el daño y siguió hasta ahora vendiendo aparatos celulares sin cargadores”.

La empresa alega, según las autoridades brasileñas, que la decisión de no suministrar cargadores junto a los teléfonos responde a un “compromiso ambiental”.

Pero el ministerio determinó que “no hay una demostración efectiva de protección ambiental en suelo brasileño como consecuencia” de la medida de Apple y acusó a la empresa de una “práctica discriminatoria contra los consumidores realizada de forma deliberada”.

“No hay elementos para considerar justificada una operación, que, apuntando declaradamente a reducir las emisiones de carbono, acarrea la inserción en el mercado de consumo de un producto cuyo uso depende de la adquisición de otro, que también es comercializado por la empresa”, añadió, en el Diario Oficial.

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