En una entrevista publicada este viernes por el diario Wen Wei Po, cercano a Pekín, la secretaria de Cultura, Deportes y Turismo, Rosanna Law, advirtió que la urbe semiautónoma enfrenta amenazas de “resistencia blanda” en expresiones artísticas como letras de canciones, guiones teatrales o producciones culturales.
“Es crucial mantener una vigilancia permanente”, afirmó Law, destacando que su departamento ha intensificado la formación del personal para fortalecer la “conciencia patriótica” y eliminar cualquier elemento que pueda “comprometer la seguridad nacional”.
El Gobierno señaló como ejemplo reciente el veto al videojuego taiwanés Anti-United Front: Fire of War, acusado de “promover el secesionismo” y abogar por la independencia de Taiwán y Hong Kong.
Según la Policía, esta aplicación, presentada como un juego, busca “incitar a la revolución armada” y desestabilizar el orden constitucional de China, violando así la Ley de Seguridad Nacional. Publicar, descargar o compartir este contenido se considera un delito.
El comisionado de Policía, Joe Chow, alertó en abril sobre “corrientes encubiertas” de resistencia en los ámbitos artístico, cultural y mediático, aunque aclaró que la legislación no reprime la creación artística si respeta los “límites legales”.
Sin embargo, el caso de la exconcejala Katrina Chan, forzada en mayo a abandonar una obra teatral bajo amenaza de cancelación del local por posibles infracciones a la normativa, evidencia la presión sobre el sector cultural.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional, impuesta por Pekín en junio de 2020 tras las protestas prodemocráticas de 2019, se han retirado de bibliotecas públicas numerosos títulos, incluyendo 29 de 149 libros sobre la represión de Tiananmen de 1989 y aproximadamente el 40 % de 468 obras políticas, según el diario Ming Pao.
En julio de 2023, el Departamento de Servicios Culturales y de Ocio abrió canales para denunciar contenidos “sospechosos” en bibliotecas, recibiendo 50 quejas hasta octubre de ese año.
La normativa, incorporada a la miniconstitución de Hong Kong, penaliza la subversión, la secesión, la colusión con fuerzas extranjeras y el terrorismo con penas de hasta cadena perpetua, otorgando a la Policía amplios poderes que han resultado en centenares de detenciones.
Las autoridades defienden que la controvertida legislación ha restaurado la estabilidad en la excolonia británica, pero ha generado críticas de socios comerciales, la ONU y organizaciones de derechos humanos, que denuncian una restricción severa de las libertades fundamentales.
Este nuevo marco de control cultural refuerza la vigilancia en un territorio donde el equilibrio entre seguridad y libertad sigue siendo un punto de fricción, mientras navega las tensiones entre su autonomía y las directrices de Pekín.