Con 445 votos a favor y 37 en contra, el dictamen se turnó al Senado para su revisión y posible aprobación, con el objetivo de sustituir la legislación vigente desde 2009 y establecer un marco más eficaz y coordinado para las tareas de seguridad en los tres órdenes de gobierno.
La nueva ley reconoce que la seguridad pública es una función estatal que compete a la Federación, los estados y los municipios.
La iniciativa busca mejorar la prevención, investigación y persecución de delitos, así como fortalecer la reinserción social y la protección de derechos humanos, con una perspectiva de género, federalismo cooperativo y enfoque diferenciado e incluyente.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la creación del Sistema Nacional de Información, un conjunto de registros que permitirá a las instituciones compartir y actualizar datos en tiempo real.
Este sistema incluirá bases como el Registro Nacional de Detenciones, de Incidencia Delictiva, de Mandamientos Judiciales, de Medidas de Protección para mujeres, niñas y niños, y de Vehículos Robados y Recuperados, entre otros.
Asimismo, se establecen nuevas reglas para los Centros de Comando y Control (C2 y C5), encargados de centralizar la recepción de reportes de emergencia y coordinar la respuesta ante situaciones de riesgo.
También se optimiza el funcionamiento del Gabinete Federal, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo, que deberá establecer al menos tres centros nacionales en los próximos 120 días.
La Guardia Nacional es reconocida formalmente como parte del Sistema, y se contempla su participación en las conferencias y consejos locales de seguridad. Además, se fijan nuevas políticas de profesionalización, certificación y evaluación para el personal operativo de todas las corporaciones de seguridad pública.
El dictamen aprobado por los diputados también estima que las instituciones deberán promover la participación ciudadana y rendir cuentas.
Implementa mecanismos para la protección de instalaciones estratégicas del país y la regulación de los fondos federales destinados a la seguridad pública, cuyos criterios de distribución serán definidos por el Consejo Nacional con base en índices delictivos y desempeño institucional.
Durante la discusión, se reservaron artículos clave, pero las propuestas de modificación fueron retiradas o rechazadas.
El decreto establece que la Secretaría de Gobernación expedirá, en un plazo de 60 días hábiles, el acuerdo que regulará las mesas de paz estatales y regionales.