No es Netflix, es Paraguay

Las intricadas tramas de las series más atrapantes, llenas de vueltas de tuerca y golpes de efecto quedan a la altura de una zapatilla. No se comparan con el drama de una realidad política que se desenvuelve en el corazón de Latinoamérica: Paraguay.

Allí donde los titulares de los diarios parecen increíbles, es donde siempre –un tiempo después– la verdad aplasta la incredulidad multitudinaria con fotografías que ilustran lo indiscutible: no son historias inventadas, son parte de la realidad.

Este año fue pródigo en imágenes capaces de componer el mejor drama de todos. Y real. Sin posibilidad de pausa o fast forward.

El triunfo del hartazgo popular

En el 2013, se publicaba en ABC Color que tres cuidadores de la quinta del diputado José María Ibáñez y su esposa Lorena Plabst cobraban sueldos en la Cámara Baja sin cumplir funciones ni horario. Desde entonces fueron conocidos como "los caseros de oro". Ese año, cientos de comercios negaron la entrada a Ibáñez como manera de repudio y lo escracharon públicamente.

A lo largo de cinco años, Ibáñez negó que cobraba los salarios, lo reconoció y desmintió de nuevo. La Fiscalía lo imputó y acusó, pero fue blanqueado en un caprichoso vaivén de contradicciones.

Debió donar un motor y quedó con el legajo limpio; para el Poder Judicial, él ya había compensado “su error”, pero la noticia produjo una una hecatombe de hartazgo popular y desató una ola de protestas sistemáticas contra el legislador. Ibáñez cedió a la presión y se apartó del cargo. Los manifestantes se alzaban con su primera victoria.

¿Quién será el próximo? Fue la pregunta que resonó en el ambiente popular por la nueva fuerza adquirida. La respuesta no se hizo esperar, el ímpetu de la indignación se dirigió hacia dos senadores involucrados en los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de llamadas telefónicas entre funcionarios y políticos, que demostraron la podredumbre judicial.

El caso se reveló en el 2017, que entonces ya le costó la pérdida de investidura a Óscar González Daher, quien no tardó mucho en reingresar al Congreso gracias a las listas sábana en las elecciones generales de abril pasado.

Los escrachadores fueron a Luque más insistentes y creativos. Tras casi un mes de pedir que el senador sea echado del Parlamento y ante la inminente segunda pérdida de investidura, se vio obligado a renunciar. La situación se replicó para el senador Jorge Oviedo Matto, también imputado por tráfico de influencias, asociación criminal y soborno, quien decidió dimitir por segunda a su banca por las mismas razones. 

Investidos tratan de blindarse

Varios legisladores tienen cuentas pendientes con la justicia y al ver cómo sus colegas debieron apartarse de sus puestos, trataron en dos ocasiones establecer normativas para complicar el proceso de echarlos, más conocidas como “autoblindaje”.

En el periodo anterior el Congreso aprobó este mecanismo que requería de por lo menos 30 votos de los 45 en el Senado para concretar la pérdida de investidura, obviando la mayoría simple estipulada en la Constitución Nacional, pero al inicio de este periodo legislativo la ley de autoblindaje fue derogada.

En noviembre de este año, Diputados trató una iniciativa similar. Intentaron inmiscuir a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia Electoral para dilatar el proceso, pero tras la oposición ciudadana descartaron aunque volvieron a establecer la mayoría absoluta. Luego el proyecto fue enviado a comisiones, donde se encuentra ahora.

Mientras tanto, varios parlamentarios siguen campantes en sus puestos, por citar los más sonados: Carlos Portillo (PLRA) y Víctor Bogado (ANR). Este último fue acusado porque durante su titularidad en Diputados, su niñera cobraba un sueldo en la Cámara Baja y también en la Itaipú Binacional.

Además, se encuentra procesado por enriquecimiento ilícito Miguel Ángel Carballo, más conocido como "el mecánico de oro" de Víctor Bogado, quien se desempeñaba como mecánico y luego fue nombrado Municipalidad de Asunción y en la Cámara de Diputados, cuando Bogado era el titular. 

El parlamentario chicaneó durante cinco años para evitar su audiencia preliminar, que se hizo este año y aunque lloró frente a la jueza, sus lágrimas fueron en vano, porque la magistrada decidió llevarlo a juicio oral y público.

Por su parte, Portillo está imputado y acusado por tráfico de influencias también descubierto a través de los audios filtrados del JEM. Este hecho punible es causal de pérdida de investidura, pero sus colegas lo siguen protegiendo.

Además están siendo investigados por la justicia los siguientes parlamentarios: Carlos Núñez Salinas (ANR), Enzo Cardozo (PLRA), Salyn Buzarquis (PLRA), Pedro Milciades Duré (PLRA), Tomás Rivas (ANR), Teófilo Espínola Peralta (PLRA) y Miguel Cuevas (ANR).

La ardiente venganza

Remover a políticos que parecían atornillados en sus puestos con el aval de las listas sábanas, generó entusiasmo. Se generó entonces una ola de movilizaciones ciudadanas en todo el país, contra autoridades de Luque, Concepción, Ciudad del Este, Villa Hayes, Villarrica, Limpio y Pedro Juan Caballero.

En consecuencia, durante el mes de noviembre, hubo personas que amedrentaron a los manifestantes tirando huevos y prendiendo pirotecnia en sus hogares. Entretanto, la quema intencional del “escrache móvil” fue un golpe fuerte hacia los escrachadores. El minibús de Luis Coronel, era utilizado para personas además de toda la utilería empleada para hacer más creativos los abucheos organizados.

Otro agresivo ataque fue el incendio de la casa de una de las líderes de las manifestaciones en Concepción. La mujer contó que ya fue advertida antes, por lo que llegó a sacar electrodomésticos de la vivienda y se iba a dormir en la casa de un pariente.

Inmediatamente las especulaciones se dirigieron hacia el intendente de la ciudad, Alejandro Urbieta, contra quien se llevaban a cabo las protestas, sin embargo, el mismo lo desmintió.

Hasta el momento no hay avances en las investigaciones del Ministerio Público con respecto a las personas que provocaron estos incendios.

Altos jefes tras las rejas

Lo más llamativo de este 2018 fue la materialización de las escenas que durante el gobierno de Horacio Cartes parecían parte solo de la “demencia” de la prensa. Durante mucho tiempo ABC Color realizó notas referente a la máxima autoridad del Ministerio Público, Javier Díaz Verón, puesto que según los datos, actualmente es dueño de bienes que no podría justificar.

Lo paradójico es que el Ministerio Público abrió una investigación, por presión de la prensa, que avanzó de manera exigua mientras él era el jefe principal de la institución.

Cuando Díaz Verón fue sustituido como fiscal general del Estado, la pesquisa se canalizó y cuatro meses después lo imputaron por enriquecimiento ilícito y a su esposa, Selva Morínigo, por lavado de dinero. Lo enviaron a la prisión de Viñas Cue de manera preventiva y pasó a la historia por ser el primer fiscal general del Estado en estar tras las rejas.

El siguiente número le corresponde a Óscar González Daher, quien el año pasado fue imputado por tráfico de influencias, asociación criminal y soborno y este año tras varios allanamientos, lo imputaron también por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero, junto a su hijo Óscar Rubén González Chaves, edil de Luque.

Para el broche de oro entre los altos jefes que fueron a la celda este año se encuentra Justo Cárdenas, titular del Indert, durante la era Cartes. ABC Color publicó notas con serios indicios de que posee una gran fortuna mal habida, lo cual incluso motivó amenazas de su parte contra una periodista.

Entretanto, recién en noviembre de este año lo imputaron por enriquecimiento ilícito en la función pública y lavado de dinero. Ordenaron detenerlo y tras presentarse fue derivado a la Penitenciaría de Tacumbú como medida preventiva, completando así el álbum de imágenes que no pensábamos ver este 2018.

Ciudad del Este, entre el caos y la esperanza

Este distrito del departamento de Alto Paraná se vio sacudido por el descontento ciudadano ya harto de las denuncias desoídas por la intendenta Sandra McLeod de Zacarías, esposa del senador Javier Zacarías Irún exintendente de la misma ciudad y hermano del ahora diputado Justo Zacarías Irún, exgobernador de Alto Paraná. Ellos integran el Clan Zacarías, además de otros miembros de la familia.

Javier Zacarías fue asesor político de Horacio Cartes durante su Gobierno, tiempo en que no hubo pesquisas sobre el clan. Tras el traspaso de mando, el Ministerio Público empezó a investigar a los Zacarías y realizó una serie de allanamientos, aunque hasta el momento estos operativos no tuvieron resultados puntuales. 

Entretanto, la noticia más importante se trató de que finalmente la Junta Municipal de CDE solicitó la intervención de la administración de Sandra McLeod. 

Este pedido pasó después a la Cámara de Diputados; McLeod trató de evitar la intervención presentó renuncia a tres instituciones: la Junta Municipal, que se negó a aceptarla; el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que se saltó la aprobación de la Junta y convocó a elecciones municipales y; a Diputados, que de igual manera admitió la intervención de Ciudad del Este, motivando una gran celebración popular.

La polémica jugada del TSJE motivó denuncias de prevaricato y pedido de juicio político contra sus tres ministros quienes ahora se encuentran ante la posibilidad de tambier salir por la puerta de atrás, por ende la institución retiró su convocatoria y McLeod hizo lo propio con su renuncia.

Carolina Llanes, designada para intervenir la Comuna, se constituyó en Ciudad del Este para llevar a cabo la tarea encomendada y devolvió la esperanza a la ciudadanía esteña.

Como las series más osadas, queda en esta historia la intriga de cómo se unirán los cuantiosos cabos que quedaron sueltos. No sabemos si en la nueva temporada se podrá resolver el destino de estos personajes.

El 2019 puede ser propicio para devolver a los habitantes de esta tierra guaraní la credibilidad en las instituciones y en la justicia. O para que aparezcan nuevos villanos en la escena.

¡A preparar pororó!