La justicia argentina se destacó en el juzgamiento a los criminales de la época de la última dictadura, tras la abolición de las leyes Punto Final y Obediencia Debida.
Por esta normativa, se declararon inconstitucionales los indultos a militares. Así se pudo juzgar a Jorge Rafal Videla, cuya sentencia fue resuelta por un tribunal de Córdoba esta semana que lo consideró "autor mediato" de tormentos agravados y homicidio calificado en una causa por crímenes de lesa humanidad y fue condenado a cadena perpetua e irá a una cárcel común. Ésta es la segunda condena que debe cumplir el dictador.
Durante la recordación del 24 de marzo, hay quienes en la Argentina aún siguen defendiendo la dictadura, argumentando que no hubo terrorismo de Estado y que los juzgamientos son una venganza. Lo demuestran varios afiches que aparecieron en las ciudades de Santa Fe.
En los juicios a los ex militares se han comprobado torturas sistemáticas en centros de detención clandestinos, fusilamientos, el arrojo de prisioneros al mar e incluso la apropiación de niños, un delito por el que el propio Videla fue condenado a cadena perpetua.
Videla, de 85 años, ex presidente de facto entre 1976 y 1981, fue juzgado junto a otros 30 acusados por ese tipo de delitos, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, con asiento en la central provincia de Córdoba, que también recibió cadena perpetua.
De esta manera, la justicia argentina ya ha condenado a 200 responsables, incluidos los ex dictadores Jorge Videla (1976-1981) y Reynaldo Bignone (1982-1983).
De ese total, 110 fueron sentenciados el año pasado. En 2011, continuarán nueve juicios ya abiertos, como el de los crímenes de la Escuela de Mecánica de la Armada ESMA. Algunos de ellos están cerca de concluir. Además, se abrirán otros nueve procesos más.
Esta semana, también la Embajada de la República Argentina en Paraguay comunicó que se volvió a reiterar a la Corte Suprema de Justicia de Paraguay el pedido de extradición de dos ciudadanos argentinos: Norberto Bianco y Eduardo Britos, con la finalidad de que sean enjuiciados penalmente. La solicitud ya se había presentado en el año 2008, pero todavía no fue resuelta por la justicia paraguaya.
Paraguay
La caída de la dictadura en Paraguay ocurrió en el año 1989. Y la justicia de nuestro país tiene el obstáculo de tener varias causas congeladas en el Poder Judicial, especialmente la del ex represor stronista Sabino Augusto Montanaro, quien retornó al país en el año 2009, tras su asilo por 20 años en Honduras.
Sabino Montanaro cuenta con diversos procesos abiertos por torturas y detenciones arbitrarias en nuestro país. En los expedientes judiciales se encuentra sindicado como responsable de delitos como desaparición forzada, tortura y detención arbitraria, junto a otras autoridades de la época, incluyendo al entonces presidente Alfredo Stroessner; por ejemplo en el "caso Goiburu y otros".
Aunque en varios de los casos se han logrado condenas contra Pastor Milciades Coronel, Camilo Almada Morel, Lucilo Benítez Santacruz, y otros.
Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en el año 2006, en el "Caso Goiburú y otros", declarando por unanimidad en su parte resolutiva: "La violación por parte del Estado Paraguayo de los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal consagrados en la Convención. La violación de las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de los desaparecidos y sus familias. Todas las violaciones son vinculadas a la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades consagradas en la Convención".
En nuestro país, también el Ministerio de Hacienda sigue desembolsando fondos para otorgar indemnizaciones a las víctimas de las dictaduras cuyos trámites de expedientes fueron llevados adelante por la Defensoría del Pueblo.
A pesar de estas acciones, en Paraguay hay mucho camino por recorrer para juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad.
Además es necesario enfatizar a la "memoria que nos ayuda a iluminar el presente y a generar el futuro en la vida de los pueblos y en nuestras propias vidas", según lo sintetiza el escritor y premio Nobel de la Paz por su lucha en defensa de los Derechos Humanos, Adolfo Pérez Ezequiel.