El vicepresidente de la República, Federico Franco, impulsa una iniciativa de reforma en el sector rural de repercusiones positivas sobre la población campesina. La titulación masiva de propiedades rurales en favor de sus ocupantes precarios mediante el otorgamiento de los derechos de propiedad no solo terminará con la baja rentabilidad de las fincas, sino también convertirá a los ocupantes precarios que se encuentran fuera del comercio en ciudadanos productores con acceso al crédito. Pero estos no son sus únicos efectos.
La titulación de propiedades rurales también recaerá sobre los políticos populistas que hostigan el enfrentamiento antes que la cooperación. Los agricultores con derechos precarios son el mejor caldo de cultivo para la violencia porque no tienen garantizados como propias las fincas donde trabajan. El agricultor que tenga su título de propiedad será menos proclive a las amenazas e invasiones de tierras.
Esta iniciativa permitirá, a su vez, que los propietarios se percaten del esfuerzo que se requiere para conjugar el trabajo con el capital, necesario para elevar la productividad de sus fincas y mejorar las condiciones de vida de sus familias. Todos estos efectos positivos se multiplicarán al grado de elevar la calidad de la política, puesto que los propietarios rurales tenderán a elegir dirigentes que genuinamente les representen, volviéndose exigentes al momento de emitir sus votos en las elecciones locales y nacionales.
Esta reforma está motivada en los resultados obtenidos a la fecha. La reforma agraria en el país tiene más de cien años y ha sido un fracaso. La titulación masiva de propiedades es la reforma que hace la diferencia. Es una solución eficiente en términos económicos y respetuosa del hombre en su integridad, moralmente hablando.
En el presente la supuesta reforma agraria no ha hecho más que castigar a la población campesina que desea dedicarse a la agricultura, gente de la que se dice y se proclama son los verdaderos sujetos de aquella reforma, en cuanto gobierno se ha tenido y oficina estatal se ha creado.
La realidad es que en todos estos largos años de intervención estatal se han repartido más de 12 millones de hectáreas en el país, siendo el Departamento de San Pedro el lugar donde más se repartió tierra y de mayores conflictos incentivados por dirigentes que viven y les conviene la violencia y la miseria ajena.
La posesión de la tierra conlleva el derecho denominado “derechera“, comercializado por las familias campesinas en favor de otros que no son beneficiarios en la legislación agraria. Esto ha permitido la concentración de la tierra y la expulsión de las familias rurales hacia el sector urbano, con sus derivaciones de desempleo, marginalidad y delincuencia en las ciudades.
La culpa de esta situación, sin embargo, no se debe únicamente a la dictadura. El proceso democrático surgido en 1989 continuó por la misma línea de pensamiento. Desde aquel año se distribuyeron tierras por un valor superior a los 3.000 millones de dólares, dilapidados, esta vez en la corrupción de la democracia. Este hecho corroborable no es una casualidad ni deviene del designio celestial.
Asistencialismo estatal sin propiedad privada
La reforma llevada a cabo hasta el presente es el resultado de ideas equivocadas transmitidas en políticas públicas probadamente erróneas. ¿Por qué la reforma agraria de la que todos los partidos políticos hablan y de la que todos los gobiernos se ocuparon utilizando millones de guaraníes de los contribuyentes ha fracasado, haciendo ricos a unos cuantos políticos y funcionarios, empobreciendo a los campesinos?
La reforma agraria fundada en la distribución de tierras es “políticamente correcta”. Repartir tierras a la mayor cantidad de personas se constituye en un deleite de la ingeniería “social”. Es el mejor modo de mantener incólume la idea de que la sociedad requiere la activa intervención estatal, siendo que esta intervención no es la solución sino el mismo problema, como acertadamente sostenía el ingeniero Porfirio Cristaldo Ayala.
El Paraguay no ha sido la excepción de aquella perversa tendencia. El asistencialismo estatal y la ausencia de los derechos de propiedad son lo más parecido a una mezcla explosiva, amasada por malos políticos con malas políticas. De esta mezcla nadie se salva, ni la ciudad ni el campo. Se consolida así un círculo vicioso que encierra en el desempleo y la miseria a los mismos beneficiarios de la reforma.
De 10 familias, 7 tienen tierras
A diferencia de lo que muchos “agraristas sociales” insisten, la tenencia de la tierra en el país no es el problema. La Encuesta Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (2002), la Encuesta de Hogares del mismo año y el Informe 2004/08 del Banco Interamericano de Desarrollo dan cuenta que el problema no es la falta de tierras, sino la escasa rentabilidad de las fincas de las familias campesinas. De cada diez familias, siete cuentan con parcelas de entre 2 y 20 hectáreas.
El problema real es otro. Consiste en que la propiedad otorgada a los campesinos por las autoridades es absolutamente precaria.
De esta manera, se desincentivan el ánimo y el cálculo económico de los campesinos. Luego de vender su “derechera”, el beneficiario de la reforma agraria debe esperar más de cinco años para adquirir el dominio legal sobre la propiedad. Esto genera un poderoso desincentivo en la conducta humana que se traduce, además de la dependencia estatal, en un sistema de producción tradicional de escasa rentabilidad del factor producción tierra, mientras el mundo reclama y demanda por alimentos.
Esta iniciativa de la vicepresidencia de la República, sin embargo, será exitosa si tiene el sincero, público y decidido apoyo del presidente Fernando Lugo. La titulación masiva de propiedades rurales, además de ser una propuesta de carácter político y económico, es de orden moral y de estricta justicia, pues la persona que no puede disponer de lo suyo, como ocurre con los actuales beneficiarios de la reforma agraria, se encuentra obligada a actuar en contra de sus propias decisiones y valores.
(*) Decano de la Facultad de Derecho UTIC. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado” y “Cartas sobre el liberalismo”.