La agente de Delitos Económicos y anticorrupción descartó de esta manera el informe de la Contraloría General de la República, que dictaminó la no correspondencia de ingresos y egresos de “Calé”.
El dictamen fue remitido a la unidad de Acuña el 23 de julio pasado, por nota CGR Nº 4495, que está firmada por el mismo contralor general, Octavio Airaldi. Solo tres meses después, la representante del Ministerio Público pidió el “archivo” del caso.
En este escaso tiempo, en sede fiscal, se tuvo que analizar un grueso bibliorato con documentaciones (pruebas) que se agregó al informe de 665 fojas del ente contralor.
Las declaraciones de “Calé” fueron realizadas el 16 de julio de 1993, 18 de mayo de 1999, 29 de julio de 2000, 15 de julio de 2002 y 16 de julio de 2003. Desde ese año, el polémico parlamentario colorado no remite declaración jurada.
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El examen de no correspondencia se basó también en informes remitidos por varias instituciones y la realización del análisis a los mismos de acuerdo a los métodos de auditoría y normas internas de la Contraloría.
Galaverna, para el ente contralor, no justificó el monto de G. 247 millones entre 1993 y 1999, y la suma subió a G. 957 millones entre 1999 y 2003, año en que presentó por última vez su declaración jurada de bienes y rentas.
En fiscalía, lo opuesto
Para la Contraloría, “Calé” no puede justificar la suma de G. 957.000.000 de las “oficiales” que saltan en sus cinco declaraciones de bienes que presentó como funcionario público, pero para la fiscalía es todo lo contrario. Según su análisis, tiene solo un superávit de G. 752.027.646.
Para el blanqueo del parlamentario colorado, la fiscala Victoria Acuña consideró que la CGR solo “se basó en la comparación de los datos contenidos en las declaraciones juradas, es decir, sin que exista un respaldo documental que acredite dichos datos”.
Para justificar una pericia contable suya, que dio como valedera, la agente refirió en su escrito: “Lo que realizó la CGR fue un cotejo de los datos contenidos en las declaraciones juradas presentadas por Juan Carlos Galaverna, las cuales no contaban con respaldo documental, consecuencia lógica de la limitación a la obligación de llevar libros y registros de contabilidad por un plazo de cinco años”, se desprende del escrito presentado por la agente.
Acotó sobre el punto: “Y finalmente, el cálculo referido recientemente, realizado en base a un reglamento interno de la CGR, no resulta idóneo para demostrar que Juan Carlos Galaverna haya adquirido algún bien en el periodo comprendido entre los años 1993 y 1999, y que el valor del mismo haya sobrepasado las legítimas posibilidades del mismo como funcionario público”.
La fiscala no consideró así que el ente contralor realizó pedidos de informes a todo el sistema bancario y financiero, corporativo, compañías de seguro y a la Comisión Nacional de Valores, para determinar la actividad financiera de Galaverna y emitir su dictamen, debido a que ella misma realizó idénticos pedidos.
La “idónea” determinación de la existencia de posibles adquisiciones de bienes por parte de Galaverna, para la fiscalía, fue a través de la pericia contable realizada por el Lic. Walter Oviedo.
El perito determinó que el total de los ingresos percibidos por el parlamentario y su cónyuge Alba Yolanda Ortega Gianotti entre el período 2000 y 2010 fue de G. 1.530.750.264, y sus “egresos” en el mismo lapso de G. 752.027.646.
“Es decir, que de la comparación de los montos totales de los ingresos y egresos en el periodo analizado resulta que existe un superávit de G. 778.722.618”, concluye la fiscala Acuña en su dictamen.
El pedido de desestimación debe ser analizado ahora por el juez Miguel Tadeo Fernández, quien pidió la carpeta fiscal a la vista.