CURUGUATY (Pablo Medina, corresponsal). Los empresarios Agustín Pío Ramírez, de 62 años, y su hijo Walter Pío (28), y el brasileño Darci Blas Ricardi Matei (31) incurrieron en el año 2008 en el delito de violación de la Ley 716/96, que castiga los delitos ecológicos en el país.
Los dos primeros fueron víctimas de un incendio de un área boscosa y pastizal de unas 200 hectáreas, en tanto que el segundo deforestó unas 100 hectáreas en el área de amortiguamiento de la reserva de la biósfera de la Reserva del Mbaracayú.
Entonces, la fiscala ambiental Nimia Ávalos procesó a los empresarios, pero con la evidente intención de obviar el juicio oral y público, se vieron obligados a recurrir a la suspensión condicional de procedimiento, admitiendo el pago de una reparación social causada al medio ambiente. El delito tenía una estimación de pena de 2 años de penitenciaria o multa, conforme a la referida ley que castiga los delitos ecológicos.
En ese sentido, la fiscala Avalos resaltó que la ley ambiental prevé la reparación de los daños causados a una eventual destrucción de la naturaleza, por lo que optó a satisfacer la necesidad de dotar a la comunidad de un local cómodo y adecuado para seguir formándose como compatriotas.
La institución beneficiada fue la escuela básica 6396 “Primero de Marzo“, del asentamiento San Isidro del Este de esta ciudad. La obra demandó un “castigo” de G. 105 millones, asumido por “acuerdo” con la entonces fiscala ambiental local Nimia Avalos.
Según Agustín Pío Ramírez, la construcción de las tres aulas de 7x6 metros, y tres sanitarios, a más de las instalaciones eléctricas y la colocación de 6 ventiladores de techo, demandaron un “castigo al bolsillo” de G. 105 millones. “Por una obra así, la Gobernación gasta 216 millones de guaraníes.
La bendición de la obra estuvo a cargo del sacerdote Lucio Godoy. El nuevo local escolar albergará a unos 200 alumnos.