La Convención sobre Ciberdelito de Budapest (Hungría), realizada en noviembre del 2001, fue la primera convención internacional sobre el tema y fue redactada por el Consejo de Europa, junto a Estados Unidos, Canadá, Japón, Costa Rica, México y Sudáfrica.
La misma surgió como una respuesta a la necesidad de establecer un marco legal universal que permita el trabajo coordinado de las autoridades de diferentes países, para la persecución de los delitos cometidos a gran escala mediante la tecnología, como las redes de pedofilia y lavado de dinero.
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Uno de los artículos del convenio establece que “los Estados designarán un punto de contacto localizable las 24 horas del día, y los siete días de la semana, con el fin de asegurar la asistencia inmediata en la investigación de infracciones penales llevadas a cabo a través de sistemas y datos informáticos o en la recogida de pruebas electrónicas de una infracción penal”. Dicha asistencia posibilitará la aportación de consejos técnicos, la conservación de datos y obtención de pruebas, aportación de información de carácter jurídico y localización de sospechosos.
Otro aspecto importante es que recomienda la adopción de medidas necesarias para sancionar la pornografía infantil y no solamente su producción, comercialización y difusión, sino que incluso el hecho de tener este tipo de material almacenado en un sistema informático.
En julio pasado, la Argentina se adhirió a la Convención en julio pasado, con lo cual ya suman 43 países suscritos, de los cuales 23 ya han ratificado su adhesión.
La fiscala María Teresa Aguirre, explicó que para suscribir a dicho convenio, nuestro país debe primeramente adecuar su legislación a las recomendaciones propuestas.