Desde que los proveedores se negaron a abastecerle de productos al nuevo local comercial de Casa Grütter, a solicitud supuestamente de los supermercadistas, se está iniciando una fuerte presión en el Congreso para promulgar una ley de competencia.
Los proponentes de esta legislación alegan que Casa Grütter está siendo objeto de un oligopolio por parte de proveedores y supermercadistas.
Pese a los importantes avances de la actual Escuela “Law and Economics” se sigue creyendo que las empresas de gran porte pueden imponer precios y condiciones de comercialización en perjuicio de otros oferentes y de los consumidores.
Las leyes de competencia se fundamentan en una suposición que, no por antigua, deja de ser políticamente vendible: el libre mercado conduce inexorablemente al monopolio.
Por tanto, resulta imprescindible proteger a los chicos de los grandes.
Sin embargo, las leyes de competencia parten de una falacia, es decir, de una argumentación persuasiva, pero, al final, incorrecta.
Esta falacia, por cierto, no es más que una reminiscencia del mercantilismo –contraria a la libertad económica– que suele pasar desapercibida aún en aquellos defensores del libre mercado que dejan de lado el sentido común y desconsideran la naturaleza y funcionamiento de los negocios privados y el papel del gobierno.
En el caso Grütter no existe oligopolio. Los supermercadistas y proveedores no tienen el poder de coerción de una ley que les permita imponer sus decisiones.
En las condiciones actuales, Casa Grütter puede abastecerse de otras empresas, a menos que una legislación lo prohiba y los actuales proveedores se amparen en ella, situación que no sucede.
En la concepción mercantilista subyace la intención de proteger el mercado de la avaricia de mercaderes e industriales.
De hecho, no todos los empresarios aceptan las exigencias de la libertad económica. Muchos prefieren la protección de políticos y altos funcionarios.
Pero las leyes que procuran proteger la competencia terminan por ser contraproducentes para consumidores y productores.
Los mercados en lugar de ser libres y abiertos, se distribuyen entre los amigos empresarios del gobierno de turno, consecuencia típica del mercantilismo.
El mercado libre no necesita de ningún funcionario que dirija el proceso ni de jerarca alguno que señale a las personas qué y cómo hacer. La gente coopera entre sí por voluntad propia.
Así, los precios muestran a los productores acerca de qué, cómo y cuánto debe ser producido y, los empresarios, son los que dirigen esa producción invirtiendo en tecnología e innovación, a su propio riesgo.
Capitalistas, productores, empresarios y trabajadores, están sometidos incondicionalmente a las órdenes del consumidor.
Cuando los hombres y mujeres de negocios no siguen las directrices del público terminan por sufrir pérdidas patrimoniales, se arruinan para ser reemplazados por otros que están dispuestos a seguir los mandatos de los consumidores.
La gente que compra un periódico, un sandwich o contrata a un albañil para su casa, favorece al que mejor le sirva.
El consumidor es un soberano que no necesita hacer uso de la fuerza. Enriquece al pobre como también puede empobrecer al rico.
La competencia nace de la escasez. Ninguna actividad humana puede escapar de este hecho, siendo el único modo de asignar recompensas donde todo es escaso.
El saludable afán de lucro de las empresas está supeditado a administrar eficientemente los recursos, vender más que sus competidores para así incrementar sus utilidades.
Este proceso fue el que permitió el mejoramiento de salarios, condiciones laborales y nivel de vida de los trabajadores.
La libre competencia ciertamente no puede funcionar sin un Estado fuerte, institucional y garante de la propiedad y los contratos.
La violencia, la amenaza, el fraude, la extorsión y cualquier conducta anti jurídica contraria a las leyes y a la Constitución son perjudiciales al mercado; pero, para eso están los tribunales e igualmente otros modos de resolución de conflictos pre judiciales de carácter privado, menos onerosos y expeditivos.
A diferencia de lo que se está haciendo creer al público, las legislaciones que buscan proteger la competencia en realidad crean, organizan y otorgan atribuciones de imponer castigos y penas de cárcel a los que se opongan a los dictados de los consejos o asociaciones burocráticas.
Con este tipo de leyes, muy pronto, los empresarios, proveedores y productores más eficientes se hallarán expuestos a la coima y al chantaje de los menos eficientes.
Muchos no dudarán en recurrir a la nueva ley para trabar la iniciativa empresarial de sus competidores.
Poderosos grupos de presión se formarán para proteger sus intereses a costa de los grupos económicos más pequeños y débiles, comprando a cuanto funcionario pueda ser útil a sus intereses.
En un país con debilidades institucionales insoportables provenientes del sector público, una ley de competencia elevará todavía más la corrupción existente y se convertirá en un golpe de autoridad al consumidor para reemplazarlo por las decisiones gubernamentales.
(*) Decano Facultad Derecho UTIC. Autor de los libros “Gobierno limitado, justicia y libre mercado” y “Cartas sobre el liberalismo”.