Paraguay está viviendo un proceso incremental y muy acelerado de concentración en la propiedad de los medios de comunicación masivos.
La normativa vigente en materia de telecomunicaciones ofrece lagunas, que no océanos legales, en los cuales abrevan las más impúdicas formas de acaparamiento y monopolio en materia de propiedad de medios o usufructo de licencias de radio/teledifusión. Y en aquellos aspectos residuales donde la ley previene formas de control o prevención frente al monopolio u oligopolio mediático, las “chicanas” se encargan de neutralizarlas vía testaferros, “contratos de administración”, alquileres de frecuencias o cuanta otras “creativas” formas de eludir la ley para beneficiarse de la trampa.
Ejemplos hay a montones. Desde el propio grupo empresarial liderado por el Presidente de la República que durante décadas se fortaleció en rubros diversos y ahora, de repente, comprendió que el “negocio mediático” ofrece un atractivo válido por aquello de que “información es poder”. Un poder más. Otros ejemplos más consolidados se vinculan al Grupo Vierci y sus tentáculos mediáticos en materia de radio, prensa o televisión o al empresario Angel González y su aterrizaje nacional en media docena de canales de aire con miras a la ocupación de una buena franja de la futura TV digital. O los afanes de ampliación del “parque mediático” del Grupo Zuccolillo, que del tradicional escenario de la prensa escrita ahora avanza hacia la radio, el multimedia y, se avizora, también la televisión. O la más reciente avanzada multimediática de Javier Bernardes con sugerentes vinculaciones a otros holdings.
La concentración mediática no es buen escenario para la democracia porque atenta contra un elemento básico de ella: el pluralismo informativo. Para la UNESCO, “la concentración elevada de medios en un país conlleva un riesgo muy fuerte de tener menos voces presentes en el debate político” y advierte que en América Latina “hay altos índices de concentración de medios en beneficio de intereses económicos y políticos”. *
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Por ello, es fundamental que se promuevan reformas legales que ayuden a enfrentar este problema y devuelvan a la gente la pluralidad que se requiere en el campo mediático para contar con una sociedad abierta a todas las voces, a todas las ideas. Lamentablemente, esta cuestión no parece estar en la agenda de nuestros legisladores.
Los ataques y amenazas contra periodistas son ataques y amenazas a la libertad de expresión de la propia sociedad. Cuando un periodista es perseguido o atacado, se resiente la posibilidad de que la ciudadanía acceda o divulgue información. Desde el asesinato de Santiago Leguizamón hasta el último crimen de periodista en el país, el de Pablo Medina, han pasado 25 años en los cuales poco efectiva ha sido la respuesta del Estado para dotar de seguridad y protección a los profesionales de la prensa y preservar con ello el derecho de la sociedad a la información.
Las agresiones al periodista Nelson Zapata, en Ciudad del Este, o a los comunicadores que cubrían la presentación del argentino Pérez Corradi en el Ministerio Público son muestras más recientes del grado de riesgo patente para el ejercicio de la profesión.
Es necesario que los Poderes del Estado se comprometan en impulsar mecanismos de prevención y protección eficaces. Naciones Unidas promueve un Plan de Seguridad para Periodistas que puede ser adoptado como modelo, si la voluntad política se orienta realmente a este fin, consustancial con la garantía que debe tener toda sociedad para la plena vigencia de la legalidad, de los derechos humanos, y en particular, de la libertad de expresión.
La impunidad habida con el crimen de Santiago se ha reproducido en muchos casos posteriores. El caso de Pablo Medina, al menos hasta ahora, parece transitar por una vía investigativa alentadora, pero no hay que bajar la guardia, pues el poder del “otro poder”, el de la mafia y el crimen organizado, tiene suficientes tentáculos para hacer imperar la impunidad.
Dentro del panorama sombrío, una luz de esperanza. Los paraguayos tenemos desde hace dos años una herramienta que está demostrando su eficacia no solamente para devolver a la ciudadanía el “poder de la información”, sino para convertirla en verdadera protagonista del fortalecimiento de la democracia y del control sobre la gestión de sus autoridades.
La “primavera de la transparencia” de la segunda mitad del 2013 ha dado buenos frutos: los políticos y las autoridades se sienten más vigilados por una ciudadanía que ganó terreno con el derecho a la información. El punto de inflexión histórico que supuso el Acuerdo y Sentencia Nro. 1306 de la Corte Suprema de Justicia, favorable al derecho a la información del ciudadano sanlorenzano Daniel Vargas Télles, fue complementado con dos leyes de transparencia que permiten al ciudadano preguntar, requerir, indagar al poder, a las autoridades, Y permiten, además, mejores circunstancias para generar un periodismo de mayor calidad, con mayor precisión y rigurosidad en la investigación y en sus publicaciones debido al hecho de que hay más luces en el escenario y la información ya no es un privilegio (o un negocio) de pocos, sino un derecho de todos al alcance de todos.
En síntesis, libertad de expresión y libertad de prensa tienen hoy día en nuestro país desafíos emergentes clave que, bien atendidos y enfrentados, pueden lograr mejores condiciones para una democracia de calidad. La ciudadanía tiene armas para contribuir en esta lucha a favor del pluralismo informativo, la democratización de los medios, la libertad periodística y el libre flujo de ideas, opiniones e informaciones.
Las armas están. Se requiere que la ciudadanía las empuñe con decisión e inteligencia.