A partir de la llamada "Ley de transparencia en tecnología" o SB 7072, "todos los floridanos que sean tratados injustamente por las 'Big Tech' tendrán el derecho a demandar judicialmente a las compañías que violen esta ley y a ser compensados monetariamente", señala un comunicado de la Oficina del Gobernador.

La ley firmada por DeSantis en la sede de la Florida International University (FIU), en Miami, prohíbe expresamente que una red social expulse a un candidato a un cargo electoral del ámbito estatal en Florida y prevé multas de 250.000 dólares por día para los infractores hasta que se restablezca la cuenta. Si el cargo no es estatal la multa se reduce a 25.000 dólares por día.

El argumento es que cualquier ciudadano en Florida puede "bloquear" en las redes al candidato cuyos mensajes no le gusten. "No les corresponde decidir" a las grandes compañías tecnológicas, subraya la norma.

Trump no era candidato sino presidente saliente del país cuando, a comienzos de enero pasado, le cerraron sus cuentas en Twitter, Facebook e Instagram por incitar al odio con sus mensajes.

Lo hicieron después de la toma violenta y vandálica del Capitolio, por parte de partidarios de Trump que antes habían asistido a un mitin en el que el por entonces presidente los exhortó a luchar para revertir el "robo" del que todavía hoy dice haber sido víctima en las elecciones presidenciales de noviembre pasado, en las que ganó el demócrata Joe Biden.

DeSantis dijo este lunes sobre el impacto de dicha ley: "Esto comienza en Florida, pero no va a quedar aquí".

Además de posibles demandas de particulares y multas, las plataformas digitales se enfrentarán también a la posibilidad de ser demandadas por la Fiscal General del estado si infringen la SB 7072, bajo la Ley de Prácticas Comerciales Fraudulentas.

La ley promovida por DeSantis fue aprobada por el Congreso de Florida, donde los republicanos cuentan con mayoría en ambas cámaras.

Según un comunicado de la oficina del gobernador republicano que se publicó cuando el proyecto empezó a debatirse, la propuesta aumentaría "la transparencia tecnológica en Florida, particularmente en lo que se refiere a firmas de 'Big Tech' como Facebook, Instagram, Twitter, Apple, Amazon y Google".

Al presentar su propuesta en febrero pasado, DeSantis señaló que "cuando se trata de elecciones, las grandes tecnologías no deberían estar en el negocio de censurar o eliminar las plataformas de los candidatos, sino que los votantes deberían poder tomar esa decisión de forma independiente".

La "Ley Transparencia en Tecnología" fue calificada por diferentes figuras demócratas de Florida como contraria a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege los derechos a la libertad de expresión.

El 8 de enero, dos días después del asalto al Capitolio por simpatizantes de Trump, Twitter anunció la suspensión permanente de la cuenta @realDonaldTrump, que tenía más de 88 millones seguidores y se había convertido en el gran altavoz público del mandatario.

La compañía, que había bloqueado temporalmente la cuenta, decidió hacer el veto permanente ante el riesgo de "una mayor incitación a la violencia".

Por su parte, el Consejo Asesor de Facebook dio un plazo de 6 meses a la compañía, el 5 de mayo pasado, para reconsiderar el bloqueo indefinido de Trump.

El consejo dijo "respaldar" el bloqueo a las cuentas del expresidente porque sus publicaciones durante el ataque al Capitolio "violaron gravemente las reglas" de uso de la red social, pero consideró que la sanción de vetarlo indefinidamente es arbitraria y no adecuada

DeSantis, de quien se dice que tiene aspiraciones políticas que van más allá de Florida, ha impulsado en los últimos tiempos una serie de leyes que acentúan el perfil conservador del estado, como la conocida como ley "antidisturbios", ya firmada y calificada de "inconstitucional" y "antiprotestas" por organizaciones civiles y por el Partido Demócrata y ya objeto de varias demandas.

Otra ley firmada por el gobernador republicano es una que restringe las posibilidades de votar por correo y también ha sido llevada a los tribunales por organizaciones que afirman que el objetivo es suprimir el voto de personas de la tercera edad, discapacitadas, hispanos y afroamericanos.