En un informe especial publicado este lunes, los auditores europeos aseguraron que los 27 necesitan demostrar un "mayor esfuerzo" para resolver los problemas de seguridad relacionados con la implantación de las redes 5G de manera "coherente" y "concertada".
"En toda la Unión Europea se gastarán hasta 400.000 millones de euros en el desarrollo de redes 5G de aquí a 2025 para apoyar el crecimiento económico y la competitividad. No obstante, por el retraso de muchos Estados miembros, la UE se encuentra aún lejos de aprovechar los beneficios que brinda el 5G", afirmó la auditora Annemie Turtelboom, miembro del TCE.
En su plan de acción de 2016, la Comisión Europea (CE) fijó el plazo de 2025 para el despliegue de la tecnología 5G tanto en las zonas urbanas como en las principales vías de transporte, aspiración que amplió en marzo de 2021 con el nuevo propósito de lograr una cobertura paneuropea para 2030.
Sin embargo, solo la mitad de los Estados miembros han introducido estos objetivos en sus estrategias nacionales de 5G, según el informe del TCE, que, entre otros, concluyó que al ritmo actual de implantación probablemente no se cumplan los objetivos comunitarios de este decenio.
Los auditores criticaron igualmente que los países de la UE no hayan dedicado aún suficientes esfuerzos para resolver los problemas de seguridad del 5G, cuyo escaso número de proveedores podría, según el tribunal, aumentar la "dependencia" comunitaria y los posibles riesgos derivados de la "interferencia" de "agentes estatales hostiles".
"La actitud de los Estados miembros ante la seguridad del 5G, con la consiguiente necesidad de que actúen de manera concertada, es todavía una cuestión de importancia estratégica para la soberanía tecnológica y el mercado único de la UE", sostuvo Turtelboom.
A este respecto, la corte recordó que la legislación en terceros países puede ser "muy diferente" a las normas comunitarias en materias como la protección de datos, lo que para el TCE resulta "preocupante" debido a que los usuarios europeos podrían estar sujetos a leyes extranjeras en caso de que los centros de control se encontrasen fuera de la Unión.
Además, no se ha definido de forma "clara" la calidad esperada de los servicios 5G, lo que podría provocar, en opinión del TCE, "desigualdades" en el acceso a la red que "acentuarían aún más" la llamada "brecha digital" entre Estados de la UE.