Sus defensores quieren disipar los temores de que es una maniobra de “ecoblanqueo” y promover el debate sobre los estándares necesarios para desarrollar un mercado incipiente y polémico.

El término “créditos de biodiversidad” es una derivación de los créditos de carbono que monetizan la tonelada de CO2 absorbida o no emitida, y abarca una variedad de herramientas financieras para la protección de la naturaleza.

Estos créditos buscan poner un precio a la “compensación” directa por la destrucción de ecosistemas causada, por ejemplo, por un proyecto minero o una autopista.

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Bajo la denominación “certificados de biodiversidad” también pueden reconocer el valor de las “contribuciones” voluntarias de empresas, Estados u organizaciones filantrópicas, como la restauración de una zona húmeda o el apoyo a un productor de caucho en la gestión sostenible de su bosque.

Sin embargo, no existe ninguna norma global ni mercado internacional regulado, aparte de algunas certificaciones privadas y mecanismos nacionales.

Además, la tarea es aún más complicada que en el mercado de créditos de carbono, que ya ha estado marcado por escándalos.

Pago por servicios

El acuerdo de Kunming-Montreal, alcanzado en la conferencia anterior de Naciones Unidas sobre biodiversidad, la COP15, les dio un nuevo impulso. El acuerdo estableció una serie de objetivos para 2030 con el fin de detener la destrucción de la naturaleza.