"La inteligencia artificial tiene ventajas y es innovadora, porque permite mejorar la productividad y resolver problemas como la falta de mano de obra. Sin embargo, existe el riesgo de que con ella se cometan delitos, así que abordaremos ambos aspectos", dijo hoy al respecto el portavoz gubernamental japonés, Yoshimasa Hayashi.
La legislación se ha desarrollado con base en los reglamentos actualmente existentes a nivel internacional en materia de IA, "para evitar daños como la violación de derechos a intereses del público", añadió Hayashi al referirse al asunto durante una rueda de prensa.
El proyecto de ley establece que, si bien la IA es una de las bases del desarrollo socioeconómico, también tiene potencial para la comisión de delitos o la filtración de datos personales, por lo que establece una serie de medidas para garantizar un uso seguro.
La normativa establece que el Gobierno podrá abrir una investigación en caso de que suceda algo grave vinculado a la IA y, en función de los resultados, brindará orientación y asesoramiento a las empresas, además de proporcionar información al público.
También, establece expresamente que las empresas deben cooperar con las investigaciones gubernamentales, según detalles del proyecto legislativo publicados por la cadena pública japonesa NHK.
La nueva ley señala también que será un ente del Gobierno el que establezca unas directrices básicas para promover la investigación, el desarrollo y el uso adecuados de la IA, así como para mejorar la competitividad de las empresas niponas a nivel internacional.
"No estamos imponiendo regulaciones integrales sobre la IA, sino que la idea es compartir información con las empresas privadas y pedirles que informen sobre las áreas en las que pueda haber riesgos altos", aseguró el ministro nipón de Transformación Digital, Masaaki Taira, en declaraciones recogidas por la citada cadena.
"Espero que el proyecto de ley se aprueba rápidamente para fortalecer la función del Gobierno como centro de mando" en este campo, añadió.
El Ejecutivo japonés tiene previsto aprobar la nueva legislación durante la actual sesión ordinaria de la Dieta, el parlamento nacional, que se prolongará hasta el próximo 22 de junio.