Los resultados del estudio 'Gobernar con Inteligencia Artificial', que investiga el uso de la IA en once funciones básicas de gobierno, a través de 200 casos, fieron desvelados este jueves en París, durante un seminario presentado por el secretario general de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), Mathias Cormann, y al que asistieron ministros de varios gobiernos, entre ellos la brasileña de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos, Esther Dweck.
"Ignorar" la transformación de la IA o esperar a que se resuelvan "las incógnitas" que plantea puede conllevar "importantes costes y desventajas" para las administraciones, a las que les resultará difícil ponerse al día "si no refuerzan pronto sus capacidades internas en materia de IA", dice el informe.
Sus conclusiones revelan que la IA es más frecuente en las funciones de servicio público, justicia y participación ciudadana, con un uso menor en la evaluación de políticas, la administración tributaria y la reforma de la función pública.
Entre ambos extremos se encuentran la contratación pública, la gestión financiera, la lucha contra la corrupción, la promoción de la integridad pública y el diseño y la aplicación de la normativa.
La OCDE destaca que la IA "puede facilitar la automatización y la personalización de los procesos internos y los servicios públicos, fomentar una mejor toma de decisiones y mejorar la detección del fraude, la calidad del trabajo y el aprendizaje de los funcionarios públicos".
Pero el estudio subraya que "no existe una adopción de la IA sin riesgos", por lo que hay que mitigarlos "para aprovechar sus ventajas".
Los algoritmos sesgados, que pueden generar resultados adversos, junto a la falta de transparencia y comprensión pública de la IA y la ampliación de la brecha digital son algunos de esos riesgos, que además "pueden verse amplificados en países que carecen de mecanismos para garantizar el ejercicio, la protección y la promoción de los derechos humanos".
Otra amenaza es "un desplazamiento de la plantilla" de funcionarios si los gobiernos "tratan de sustituir, en lugar de aumentar" sus capacidades.
Sin embargo, el gran riesgo es la posibilidad de que los gobiernos no aprovechen la IA: "se pierden oportunidades de obtener beneficios y se amplía la brecha entre las capacidades del sector público y del privado".
Estos retos, apunta el informe, pueden hacer que las iniciativas gubernamentales en este ámbito se queden en fase piloto.
Cada función tiene distintos desafíos, han observado los autores del informe, y, así, el uso de la IA en la gestión de las finanzas públicas "se ve limitado por una infraestructura tecnológica obsoleta e inadecuada" para su desarrollo.
El estudio recomienda a los gobiernos recurrir a facilitadores que reúnan capacidades en gobernanza, datos, infraestructura digital o inversiones financieras, así como la adopción de barreras de protección para guiar el uso de la IA y la configuración de enfoques receptivos, centrados en el usuario.
"En la medida de lo posible, la OCDE anima a los gobiernos a dar prioridad a las aplicaciones de la IA que reportan grandes beneficios y entrañan pocos riesgos. Sin embargo, la mayoría carece de procesos para la medición holística de los resultados que les permitan tomar estas decisiones", admite el estudio.
"Abordar esta cuestión debe ser una prioridad para los gobiernos, garantizando que las implementaciones de IA sean transparentes, justas y seguras", subraya.