Según la acusación, Lau, también conocido como Liu Zuohu, habría viajado a Taiwán a finales de 2014 para reunirse con un taiwanés de apellido Lin -también imputado- con el objetivo de discutir la creación de un equipo local de investigación y desarrollo (I+D) de software móvil.
Sin contar con la aprobación formal del Gobierno taiwanés, Lin habría reclutado a más de setenta ingenieros para desarrollar software de teléfonos móviles y llevar a cabo tareas de verificación y pruebas para OnePlus, todo ello bajo las instrucciones del directivo chino.
La acusación sostiene que Lau, Lin y una mujer de apellido Cheng -otra de las imputadas en esta causa- fundaron en marzo de 2014 la empresa Hong Kong OnePlus y que, un año más tarde, establecieron una filial en Taiwán con Cheng al frente de las operaciones.
Entre agosto de 2015 y enero de 2021, OnePlus presuntamente transfirió unos 72,93 millones de dólares estadounidenses a través de varias compañías en Hong Kong a su filial taiwanesa, bajo el pretexto de "ingresos por I+D por encargo y por la venta de resultados/activos de I+D".
Ese dinero habría sido utilizado para contratar personal, pagar salarios y comprar equipos para las operaciones en la isla, señalaron los fiscales.
OnePlus fue fundada en 2013 por Pete Lau y en 2021 pasó a integrarse completamente con Oppo, uno de los principales fabricantes de teléfonos inteligentes en China.
El caso se enmarca en los crecientes esfuerzos de las autoridades taiwanesas por impedir que empresas chinas capten talento local, en especial ingenieros altamente valorados en el continente por la cercanía geográfica y el uso compartido del mandarín.
En marzo del año pasado, la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia de Taiwán realizó registros en 34 ubicaciones e interrogó a 90 personas en el marco de una investigación a gran escala sobre tecnológicas chinas que habrían establecido puntos de operación no autorizados en Taiwán para "reclutar ingenieros".
Entre las empresas investigadas figuraba SMIC, el mayor fabricante de semiconductores de China, incluido en la lista negra estadounidense que impide el acceso a tecnología del país asiático.
Estas pesquisas se desarrollan además en un contexto de creciente tensión entre China y Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por Pekín como una "parte inalienable" de su territorio.