El documento, que evalúa los tres primeros meses de aplicación de la legislación, señala que "una porcentaje significativo" de menores mantiene cuentas activas o logra crear nuevas pese a las restricciones.
De acuerdo con una encuesta a padres del organismo, cerca de siete de cada diez menores que ya tenían perfiles antes del 10 de diciembre de 2025 continúan en plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat o TikTok, mientras que casi la mitad conserva cuentas en YouTube.
Aunque el porcentaje total de menores con cuentas se redujo -del 49,7 % al 31,3 %-, el organismo advierte que muchos niños no han sido eliminados de las plataformas o no han sido sometidos a verificaciones de edad.
De hecho, el motivo más frecuente para mantener las cuentas es que las plataformas aún no han solicitado comprobar la edad de los usuarios.
El informe también identifica fallos estructurales en los sistemas de control, como permitir a los menores modificar su edad declarada, repetir intentos de verificación o registrarse con datos falsos sin comprobaciones adicionales, lo que facilita eludir la normativa.
La legislación australiana, en vigor desde el 10 de diciembre, obliga a las plataformas a adoptar "medidas razonables" para impedir que menores de 16 años tengan cuentas, bajo amenaza de multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 29 millones de euros).
En sus primeras semanas, las empresas eliminaron o bloquearon alrededor de 4,7 millones de cuentas identificadas como pertenecientes a menores, según eSafety.
En paralelo, eSafety advirtió también este martes en un comunicado de "importantes lagunas" en el cumplimiento por parte de grandes plataformas y no descartó acciones coercitivas si no se refuerzan los controles, tras detectar prácticas como múltiples intentos de verificación o mecanismos ineficaces para impedir nuevas cuentas de menores.
El organismo ha abierto investigaciones sobre cinco grandes plataformas (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube) y prevé decidir sobre posibles sanciones a mediados de 2026.
Pese a las dudas sobre su eficacia, el Gobierno australiano defiende que el éxito de la norma debe medirse por la reducción del daño y el cambio cultural, mientras expertos advierten de que los menores pueden seguir accediendo mediante datos falsos o redes privadas virtuales (VPN).