Los expertos pertenecen a la comisión "Centro Johns Hopkins para la Salud Humanitaria-Lancet sobre salud, conflicto y desplazamiento forzado", lanzada en 2024. Esta reúne a expertos mundiales para abordar el creciente impacto de los conflictos armados y la magnitud sin precedentes del desplazamiento forzado y su relación con la salud mundial.
A juicio de la comisión, tanto la salud como los derechos humanos "están siendo desmantelados a nivel mundial a la vista de todos y con una impunidad cada vez mayor", impulsados por la fragmentación geopolítica y la erosión del Estado de derecho.
Los sistemas de salud y el ecosistema humanitario destinados a proteger la salud y la vida se están resquebrajando ante la magnitud, la duración y la complejidad política de las crisis actuales, denuncian. "El derecho internacional y los principios humanitarios se violan cada vez más con impunidad y los civiles están soportando el coste".
Las muertes relacionadas con conflictos casi se duplicaron entre 2021 y 2024, y se estima que 239 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria en 2026, escriben los autores en su artículo.
Los recortes presupuestarios han provocado, dicen, un "racionamiento intencionado": la asistencia se ha reducido de esas 239 millones de personas necesitadas a 87 millones seleccionadas para recibir asistencia vital.
Además, las interrupciones en la vacunación, en la atención primaria, en los servicios maternos y neonatales, y en la continuidad de la atención de las enfermedades crónicas están convirtiendo una enfermedad manejable en una discapacidad y una muerte evitables.
Con los avances en medicina, salud pública y tecnología, estos resultados se pueden evitar en el siglo XXI, pero persisten porque la desigualdad, el debilitamiento del compromiso político y la falta de inversión sostenida han erosionado los sistemas necesarios para prevenir, absorber y recuperarse de las crisis, sostienen los expertos.
Además, "la ayuda humanitaria se instrumentaliza con fines políticos y militares, el acceso se manipula como moneda de cambio y los profesionales sanitarios son encarcelados o asesinados por prestar una atención imparcial".
En este sentido, la comisión de expertos pide cuatro medidas urgentes: que sean las comunidades afectadas, y no los donantes ni la geopolítica, las que tomen las decisiones y gestionen los recursos, y que los ataques contra civiles, trabajadores sanitarios y hospitales tengan consecuencias.
Asimismo, que la financiación se ajuste a las necesidades humanitarias y no a la política exterior, y que se defienda el derecho a la salud en las zonas de conflicto.