La propuesta, presentada hoy, establecerá nuevas obligaciones a las grandes plataformas digitales para que garanticen unas estándares mínimos de seguridad y reduzcan los riesgos para sus usuarios. Su incumplimiento podría acarrear a las compañías multas de hasta 109,2 millones de dólares australianos (67,69 millones de euros).
Bajo el lema “mi contenido, a mi manera”, las redes sociales deberán ofrecer a sus usuarios la posibilidad de acceder a contenido personalizado mediante algoritmos o ver únicamente publicaciones de amigos y creadores que hayan elegido seguir.
“Esto no consiste en dar al Gobierno el control, sino en dar el control a las personas”, afirmó Albanese en un comunicado, en el que defendió que Australia está “liderando el mundo” con su prohibición de las redes sociales para menores de 16 años y su estrategia de seguridad digital.
La nueva normativa también reforzará la protección de los menores de 18 años frente a contenidos que promuevan trastornos alimentarios, pornografía, ideas hostiles hacia las mujeres, delitos o conductas peligrosas, además de material que pueda causar graves daños a la salud mental, incluido el acoso.
La iniciativa llega después de que Australia prohibiera el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años el pasado 10 de diciembre de 2025, una medida pionera a nivel mundial que obliga a las principales plataformas a impedir que los menores de esa edad mantengan cuentas so pena de cuantiosas multas.
El regulador australiano de seguridad en Internet, eSafety, ha advertido, sin embargo, de dificultades para hacer cumplir la prohibición y, según varios medios locales, ninguna plataforma habría sido multada hasta el momento pese a que las investigaciones apuntan a que una mayoría de los menores que utilizaban redes sociales antes de la norma continúa accediendo a ellas.
La nueva legislación pretende ampliar la protección más allá del control de edad y abarcar también videojuegos, aplicaciones, plataformas de mensajería y chatbots de Inteligencia Artificial.
El proyecto permitirá además a eSafety ordenar la retirada de aplicaciones o páginas que faciliten la creación de imágenes sexuales falsas y agilizar los procedimientos contra el ciberacoso infantil y el abuso digital de adultos.
El Gobierno prevé presentar la legislación en el Parlamento este año, una vez concluido el periodo de consultas. Si es aprobado, eSafety será el organismo encargado de supervisar su cumplimiento y aplicar las nuevas sanciones.