La llamada “conducción coercitiva” de los dirigentes deportivos para que comparezcan a testimoniar ante una comisión parlamentaria que investiga la tragedia que cumple un año este sábado fue aprobada por los miembros del Legislativo regional luego de que ningún responsable por el Flamengo acudiera a una sesión a la que habían sido invitados este viernes para ofrecer explicaciones.
El presidente de la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, Alexandre Knoploch, explicó que, ante la negativa de comparecer voluntariamente, el organismo aprobó de forma unánime una resolución por la que autoriza a la Policía Civil a conducir a la fuerza a los dirigentes del club más popular de Brasil a una sesión prevista para el próximo viernes.
La medida fue dictada contra el presidente del Flamengo, Rodolfo Landim; el CEO del club, Reinaldo Belloti; y los vicepresidentes Jurídico, Rodrigo Dunshee, y de Patrimonio, Alexandre Wrobel, que en las últimas semanas se han negado a dar declaraciones sobre lo que el club ha hecho para reparar a los familiares de las víctimas.
A un año de la tragedia
El fatal incendio ocurrió el 8 de febrero de 2019 en los dormitorios de los jugadores de las divisiones juveniles del Flamengo en el llamado Ninho do Urubu (Nido del Buitre), como es conocido el complejo de entrenamientos del conjunto carioca en el barrio de Barra de Tijuca.
El dormitorio, que se limitaba a un conjunto de contenedores adaptado como habitación, funcionaba pese a diferentes irregularidades y a las multas impuestas por la Alcaldía por carecer de licencias de funcionamiento. En el incendio murieron diez adolescentes de entre 14 y 16 años, incluyendo algunos jugadores que eran considerados como grandes promesas del fútbol brasileño.
A exacto un día de cumplirse el primer año de la tragedia hasta ahora nadie ha sido sancionado por su responsabilidad en el incendio ni la Justicia ha abierto juicio contra ningún acusado ni el Flamengo ha llegado a acuerdos con los familiares de las víctimas para el pago de las respectivas indemnizaciones.